"Els carrers seran sempre nostres!" era el grito de guerra del separatismo el 3 de octubre del año pasado. Los recién constituidos Comités de Defensa de la República debutaban con cortes de carreteras y vías férreas. La "huelga de país" convocada desde la Generalidad con el entusiasta concurso de UGT y Comisiones, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium y todo el dispositivo social nacionalista había paralizado Cataluña a base de neumáticos quemados, piquetes, coacciones, violencia y pasividad de los Mossos d'Esquadra.
Eran noches de caceroladas mientras Puigdemont, Junqueras y los Jordis llevaban hasta las últimas consecuencias el farol contra la democracia en España. El Gobierno de Mariano Rajoy estaba completamente desarbolado. Hubo urnas y la maquinaria propagandística de la Generalidad explotaba sin pausa las cargas policiales. Los grupos parlamentarios separatistas se preparaban para la proclamación de la república.
La huelga del 3-O mostró con toda crudeza la fractura social y dinamizó el éxodo empresarial. Cataluña estaba rota, un bono basura. El choque de trenes se había producido y de la locomotora del Estado no partían señales de vida. Policías nacionales y guardias civiles eran acosados en las pensiones, los hoteles y las casas cuarteles. Miles de agentes, los "piolines", se hacinaban en cruceros de entretenimiento en el puerto de Barcelona. Sólo el Poder Judicial parecía resistir el embate.
Paso al frente
Felipe VI decidió que era el momento de dar un paso al frente. Su discurso la noche del 3 de octubre cambió el tono del "relato". Felipe VI se plantaba ante el golpe de Estado de puño y letra. "Por todo ello y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía", declaró el monarca.
El Estado se enfrentaba al separatismo de manera clara y rotunda por primera vez. El discurso era inapelable y fue interpretado por los golpistas como una declaración de guerra. Puigdemont improvisó la teoría de que los independentistas esperaban que el Rey censurara la supuesta brutalidad policial contra el "pueblo de Cataluña" durante el simulacro de referéndum del 1-O y mediara entre las partes.
Felipe de Borbón nunca había sido bienvenido en Cataluña. Pujol lo toleraba, Mas lo despreciaba en público, pero ahora se ratificaba como el enemigo público número uno del "pueblo de Cataluña" del nacionalismo. Antes del día de las porras, cuando los atentados islamistas del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils, el separatismo le acusó de armar a los terroristas en la manifestación de repulsa contra los asesinatos.
Reacción ciudadana
El discurso del Rey invirtió la tendencia. El Estado acusaba al golpe, pero se mantenía en pie. Las palabras de Felipe VI tras la huelga general en Cataluña fueron el catalizador de una imprevista reacción ciudadana. Pocos días después, el domingo 8 de octubre de 2017, más de un millón de personas desbordaban las calles de Barcelona enarbolando banderas de España. Els carrers dejaron por un día de ser separatistas.
La España oculta, también llamada mayoría silenciosa, irrumpía por primera vez en la escena del procés. La organización convocante, Sociedad Civil Catalana (SCC), preveía una asistencia de cincuenta mil personas, pero aquel día Barcelona fue una marea rojigualda. En los parlamentos finales intervinieron Josep Borrell y Manuel Valls. El 12 de Octubre también salieron a la calle miles de personas. Y el 29 del mismo mes se repitió el 8-O. El primer golpe había sido desactivado.