Este miércoles terminó la fase pericial del juicio que se sigue contra los ex altos cargos de la Junta de Andalucía –dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre ellos–, con un ejercicio de quién era quién y qué podía hacer. La Fiscalía trataba de mostrar si había o no un "sumo sacerdote" o "colegio de sacerdotes", en palabras de una de las defensas, que pudieron parar el procedimiento ilegal de las ayudas sociolaborales y no lo hicieron.
Ahora, tras la fase testifical y pericial, comienza la etapa final antes de que se dicte sentencia, que es la elaboración de conclusiones y de exposición de los razonamientos de las partes para influir en las decisiones del Tribunal.
Según las defensas y sus peritos, ninguno de los acusados pudo intervenir para poner fin a las ilegalidades a pesar de las advertencias existentes sobre sus irregulares métodos. Los peritos judiciales propuestos por la Intervención General del Estado sostuvieron que, muy especialmente y además de otros, la consejería de Hacienda (cuyas titulares fueron Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo), pudieron detener la sangría de fondos públicos.
La Fiscalía, con protestas de las defensas, trató de discernir qué pudo hacer cada uno de los procesados para impedir que siguiera adelante el sistema de ayudas propiciado por la Junta tras cambiar el procedimiento habitual, que ha sido claramente señalado por todos como un sistema inadecuado e irregular, sin controles y arbitrario.
¿Pudo alguno de los acusados o varios de ellos o todos, cada uno en su nivel, proponer el cambio del uso inadecuado de las transferencias de financiación para permitir que el "fondo de reptiles" comenzase a funcionar desde la agencia IDEA, antes IFA, para el pago de las subvenciones concedidas por la propia Dirección General, en virtud del convenio marco firmado en 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA.
Desde 2003, al menos, existía el informe adicional del Control Financiero Permanente de IFA/IDEA referente al ejercicio de 2003 en el que se recogían las irregularidades y se definía que se estaban concediendo ayudas "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". Además, las irregularidades fueron denunciadas por la propia Intervención General de la Junta.
Para los peritos propuestos por las defensas, la Consejería de Hacienda no podía hacerlo todo ni hacer lo que los demás organismos no hacían. Esto es, Hacienda no podía ordenar a la Consejería de Empleo que modificara el uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas.
Según las defensas, como consejero de Hacienda Griñán no recibió el informe adicional de 2003 ni tampoco el informe de actuación que se ha aceptado debió emitir la intervención general ante las "18 irregularidades graves" recogidas en el informe adicional.
Según Ángel Turrión, portavoz de los peritos judiciales de la IGAE, el titular de Hacienda "pudo instar" al de Empleo a usar otro instrumento presupuestario en lugar de las transferencias, pues además de la elaboración del presupuesto le corresponde "velar por los derechos económicos de la hacienda autonómica". Es más, su director general de Presupuestos "tenía facultades para evitar el uso de las transferencias", a lo que las defensas alegaron que el director general "no puede oponerse a la propuesta de presupuestos de un consejero. Donde hay patrón no manda marinero".
Turrión añadió que el titular de Hacienda "pudo haber sometido al Consejo de Gobierno" que Empleo dejase de presupuestar las transferencias, pues "la legislación establece que el consejero, previo informe del interventor, dará cuenta al Consejo de Gobierno de los resultados por repercusión o de base a informe de actuación".
Es más, la Ley General de Hacienda Pública, según los peritos judiciales, señala que, conocidas la comisión de infracciones, "los jefes de los responsables y ordenadores del pago iniciarás las diligencias oportunas, poniéndolo en conocimiento del titular de Hacienda". Pero según la defensa de Griñán, es algo que no se hizo. Recuérdese que su amiga y exviceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, dijo que había guardado todas las advertencias de la Intervención en un cajón y no se las entregó a Griñán.
El Interventor General de la Junta debió emitir informe de actuación y no lo hizo, estableció el perito judicial Turrión. La Consejería de Empleo en su conjunto, a los niveles más altos, pudo rectificar la concesión de subvenciones sin competencias y sin procedimientos. La consejería de Innovación, de la que dependía la agencia IDEA/IFA, pudo negarse al pago de las ayudas y no lo hizo, algo que fue negado por las defensas que arguyeron que su pago era un mandato presupuestario aprobado por el Parlamento.
¿Pudo hacer algo el famoso "consejillo", la reunión semanal de viceconsejeros con el entonces consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías? Turrión consideró que si observó las "irregularidades" en el anteproyecto de Presupuestos por el uso de las transferencias, "había que ponerlo en conocimiento del Consejo de Gobierno para corregirlo". Y "si el Consejo de Gobierno hubiese tenido conocimiento de las irregularidades hubiera tenido que actuar en consecuencia", terminó.
Además, recoge ABC que, a preguntas de la acusación del PP referidas al caso de la Faja Pirítica de Huelva, Turrión insistió en que "no había control de que los trabajadores percibían las cantidades pactadas" ni comunicaban sin habían hallado trabajo o "seguían vivos". Es más, dijo que la Junta dio "rentas vitalicias" e incluso había pólizas que percibían "los herederos del beneficiario de por vida". La Junta no reclamó ninguna cantidad de este desmadre hasta que estalló el escándalo.