Tras horas de debate, ya hay acuerdo entre los independentistas para reabrir el Parlamento y arrancar con el nuevo curso político después de casi tres meses de bloqueo. Después de una reunión de urgencia de la Mesa y la Junta de Portavoces, los grupos de JxCat y ERC han cerrado un texto que someterán a votación de toda la cámara con dos puntos: por un lado, y lo más polémico, la propia interlocutoria del magistrado del Supremo, Pablo Llarena,una especie de texto sin valor jurídico para evitar responsabilidades penales con el único objetivo de dejar en evidencia al juez y, por otro, en la parte más práctica, la forma en la que los seis diputados procesados por rebelión pueden ejercer su derecho a voto anulado por el mismo auto del juez. Eso es, conseguir que se acepte su delegación de voto como han podido hacer hasta ahora.
De esta forma, se estaría cumpliendo "a medias" con lo fijado por el propio Llarena en su auto en el que indica que su decisión no tiene por qué afectar a la mayoría separatista en la cámara si los grupos afectados recurren a la figura del sustituto. Los independentistas alegan en su acuerdo que dicha figura no está recogida en el reglamento de la cámara y que, por lo tanto, van a mantener intactos los derechos políticos de los seis diputados presos incluido también los del fugado Carles Puigdemont. El sueldo, eso sí, seguirán sin cobrarlo, según han aclarado desde ERC.
La jugada está en que estos diputados no van a dejar su acta para hacer efectiva la suspensión temporar de sus derechos y deberes parlamentarios ordenada por Llarena, sino que van a seguir tomando decisiones y participando en las votaciones a través de un compañero del mismo grupo parlamentario para no poner en peligro la mayoría separatista –se quedarían con 63 diputados– y tampoco perder su escaño y pasar a un segundo plano. Utilizarán a uno de sus compañeros a modo de "marioneta" para seguir teniendo voz y voto en la cámara.
Según los independentistas, con este texto acordado entre ambas formaciones se estaría preservando su mayoría parlamentaria sin incumplir el auto del Supremo. El otro aspecto a tener en cuenta es que, dejándolo en manos de un pleno, el presidente de la Mesa, Roger Torrent, evita exponerse judicialmente como en un principio ocurriría si la decisión hubiese salido de la Mesa. También es importante que, de esta forma, se está evitando que Puigdemont o cualquiera de los procesados pueda volverse a presentar como candidato. En todo caso este acuerdo antes tiene que contar con el visto bueno de la Comisión del Estatuto del Diputado que ya ha sido convocada para el viernes por la mañana.