Tal y como se presentía, los informes minuciosos de los peritos de la Intervención General del Estado a la juez Alaya, cuyas conclusiones constituyen la base de la acusación de los 2 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, son el objetivo a batir por las defensas.
Que es la parte mollar del juicio que se dirime en Sevilla explica las acusaciones de parcialidad que ayer lanzaron las defensas contra los peritos de la IGAE si bien alguno, el perito de la ex consejera Carmen Martínez Aguayo, se salió del guion y admitió que algunas decisiones respondieron a "compromisos" políticos.
Los peritos de las defensas insistieron ayer en una "ecuación jurídica", que molestó a la Fiscalía y al Tribunal, según la cual una "irregularidad" administrativa no es igual a una invalidez de los actos ni a una arbitrariedad. La "ecuación", expuesta por el catedrático de Derecho Administrativo, Juan Antonio Carrillo, motivó que el tribunal le pidiera respeto a la Fiscalía.
Además, otro de los defensores, Juan Ramallo, argumentaba que, aunque pagara un ente público diferente a la Consejería de Empleo, IFA-Agencia IDEA mediante transferencias de financiación, el sistema no era ilegal y podían haberse inspeccionado las subvenciones, lo que no se hizo, pudiendo ser responsabilidad de la Dirección General de Trabajo que no las envió o de la Intervención que no lo exigió. Los peritos de la IGAE insistieron que era ilegal y que no podían ser intervenidos.
El punto álgido de la batalla pericial tuvo lugar cuando el propio Ramallo, defensor de la exministra y exconsejera, Magdalena Álvarez, puso en cuestión la imparcialidad de los peritos de la IGAE aduciendo que "todos somos peritos de parte", a lo que el portavoz de los peritos del Estado respondió que fueron propuestos por el Estado a petición del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.
Los argumentos de las defensas sufrieron un imprevisto, que fue protagonizado por el perito de la exconsejera Martínez Aguayo, Juan Antonio Carrillo, que admitió que existía un compromiso político que vinculaba al Gobierno y se reflejaba en los Presupuestos. Dicho en román paladino, en las ayudas hubo intencionalidad política, no meramente administrativo.
Los peritos del Estado, contundentes
Europa Press da cuenta de que Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la Intervención General del Estado (IGAE), dijo ayer que ni siquiera se ganó agilidad a pesar de no permitirse la fiscalización previa por parte del interventor delegado en la Consejería de Empleo" debido al uso de las transferencias de financiación para allegar fondos al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Turrión ha asegurado que el envío de fondos de Empleo a IFA/IDEA mediante transferencias de financiación "siempre" estuvo fiscalizado, pero no así los expedientes de concesión de ayudas que "ni estuvieron nunca fiscalizados ni podían estarlo en ningún caso porque faltaba el crédito presupuestario al haberse hecho las transferencias de financiación, por lo que se consumía el crédito".
Cuando en una ocasión el Interventor delegado en la Consejería de Empleo en 2003, viendo que no llegaban los expedientes, los pidió y los analizó, concluyó que se estaban concediendo subvenciones "prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido", como también dijeron la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas.
Turrión preguntó: "¿Por qué se encomendó a IFA/IDEA el pago? ¿Era tan difícil pagar en la Consejería? La respuesta que hay en todos los expedientes de subvenciones es la agilidad en el pago pero es al contrario…si la Consejería hubiese pagado era más sencillo, fácil y rápido". Pero se optó por otro sistema que evitaba la fiscalización previa. ¿Para qué se hizo?, inquirió.
Además, Turrión señaló que "en absoluto era legal que IFA/IDEA pagara las ayudas, porque para ello tenía que ser calificada como entidad colaboradora en la base reguladora de las subvenciones y no estaba habilitada para pagar". Carrillo, perito propuesto por la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, adujo que IFA/IDEA podía pagar por "mandato" del Parlamento.
Fines "pintorescos" del 70 por ciento de las ayudas
La parte más sugerente de la sesión fue la que albergó la referencia del perito de la IGAE, Ángel Turrión, al pintoresquismo de los fines de las ayudas que concedía la Junta. No fueron ni una ni dos, sino que mostró que la cualidad de "pintoresco" afectaba nada menos que al 70 por ciento de las ayudas concedidas por este procedimiento.
Subraya La Razón que de las 270 ayudas concedidas entre 2001 y 2010 por la Dirección General de Trabajo, sólo un 30% era para trabajadores afectados por crisis empresariales y "190 son ayudas que tienen un objeto dispar cuando no pintoresco".
Turrión se refirió a algunos de ellos con la meticulosidad de quien ha estudiado minuciosamente todos los expedientes y documentos del caso. Por ejemplo, se refirió a fiestas municipales o ferias demuestras. Aludió a cursos para personal directivo de la Junta o a un máster de la Universidad de Sevilla, del que ya hemos dado cuenta en Libertad Digital y en el que era profesor el senador socialista José Caballos.
Pero las ayudas se dedicaron también al pago de nóminas o subidas de sueldos para evitar huelgas, servicios de consultoría y minutas de despachos. Y en muchas ocasiones, ni siquiera tuvieron objetivos definido, esto es, que se concedieron "porque sí", apuntilló Turrión.