Magistrados del Tribunal Supremo han acogido con estupor la decisión del Ministerio de Justicia de no asumir la defensa del instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por lo que este departamento ha denominado "actos privados que se le atribuyen" en relación con la demanda civil que el expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros han planteado contra él ante un juez belga.
Consideran que los investigados buscan hacer daño personal al magistrado y no sólo desacreditar el proceso y que Justicia ha caído en la estrategia de éstos, dejando "vendido" a Llarena, que ahora tendrá que pagar un abogado de su bolsillo que le costará miles de euros.
Según han manifestado a Europa Press fuentes de este órgano, a Llarena se le ha demandado ante el juez belga por ser instructor de la causa del proceso separatista en Cataluña y no por otra cosa, si bien para conseguir sus fines las defensas de Puigdemont y sus consejeros buscaron unas manifestaciones del magistrado en un acto público que les permitieran decir que es demandado por actos "privados".
Justicia aclaró este jueves en un comunicado público que no se trata de defender personalmente al juez en alusión a parte del contenido de la demanda de Puigdemont que señala que Llarena no es imparcial por unas manifestaciones que habría realizado tras asistir a una conferencia en Oviedo el pasado mes de febrero. En dicho acto señaló que en la causa por el 'procés' independentista en Cataluña "no hay presos políticos".
En la estrategia de Puigdemont
Para las fuentes consultadas, todo ello no es sino una parte de la estrategia de los investigados para que su "intención dañina" pueda ser viable, pues no podrían cuestionar ante la justicia belga las actuaciones jurisdicionales de Llarena.
Lo malo, añaden, es que con su decisión de distinguir entre defensa de la soberanía del poder judicial español y actos de Llarena el Gobierno ya ha "caído en su estrategia", pues renuncia a defenderle aceptando la demanda en el punto de que es por un acto privado.
La conclusión de todo ello es que si Llarena se quiere defender --pese a haber obtenido el amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGP)--, esta misma semana tendrá que asumir el pago de un abogado que le costará miles de euros de su bolsillo, ya que si no lo hace quedará "vendido" a lo que resulte en Bélgica.
Por su parte la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a la que pertenece Llarena, ha mostrado también su más rotunda oposición a la decisión del departamento de Dolores Delgado y le ha reclamado que defienda a Llarena y a la soberanía española "sin reservas" y sin dichas "hipotéticas cautelas".
El Estado español, según informó Justicia, se personará ante la Justicia de Bélgica en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles "si, en el momento de admitir a trámite la demanda presentada por el ex presidente y cuatro ex consejeros de la Generalitat contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la autoridad judicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España contra ellos".
Todas las asociaciones de jueces y fiscales de España, a excepción de las progresistas Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), se han adherido a este comunicado en defensa del magistrado.
El PP y Cs pedirán explicaciones
El PP pedirá explicaciones a los responsables de Interior y Justicia: "El Gobierno debe defender al Magistrado que está juzgando el golpe al Estado de los independentistas y debe garantizar su seguridad frente a las amenazas que está sufriendo. Pediremos explicaciones en el Parlamento a los responsables de Justicia e Interior", ha afirmado el presidente del PP, Pablo Casado, en su cuenta de Twitter, tal y como recoge Efe.
Y este mismo sábado, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado que su partido "va a promover acciones en apoyo al juez Llarena para defender a los jueces, a los fiscales y para estar en contra de todos aquellos que quieren romper España".
La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este sábado que su partido está "muy decepcionado" con el Gobierno por la decisión "errónea de no prestar defensa" al juez Pablo Llarena en Bélgica, asunto por el que van a exigir una comparecencia "inmediata" al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Nosotros entendemos que en este caso se está abandonando a un defensor del Estado por petición de quienes dieron el golpe de Estado", ha dicho Villacís en un encuentro con medios.