El Gobierno reivindicó su actuación para intentar cortar el grifo a los promotores del golpe separatista, pero reconoció que pudieron fallar los controles. Al término del Consejo de Ministros, Íñigo Méndez de Vigo afirmó que según "la información contable" de Hacienda no se utilizó "ni un euro" público para el 1 de Octubre. Pero a renglón seguido añadió: "Habrá que ver la verosimilitud de esa información contable y su calificación jurídica de acuerdo con la información que tenga el juez también de la Guardia Civil".
El portavoz del Ejecutivo intentó templar los ánimos entre entre Cristóbal Montoro y el juez Pablo Llarena. "No hay ninguna discrepancia", dijo, abriendo la puerta a posibles fallos de vigilancia ante los planes de los independentistas. Pudieron llevar a cabo "triquiñuelas" o "algún método torticero" para bordear o incluso superar la legalidad, en palabras de Javier Maroto, que este viernes compareció en rueda de prensa. Algo que, según cargos del PP consultados por este diario, deja al ministro de Hacienda en una posición delicada. "El dinero tuvo que salir de algún sitio", constató el jueves Andrea Levy.
El caso del ministro de Hacienda ocupó buena parte de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Méndez de Vigo recordó que el Gobierno recurrió la partida de 5 millones de la Generalidad para el referéndum ilegal y que, después, intervino todas sus cuentas. "El Gobierno ha hecho la comprobación contable de las mismas y esa comprobación se la va a dar al juez", explicó. Recibirá la documentación "inmediatamente" y, entonces, el magistrado, junto con la información de la Guardia Civil de la que ya dispone, "se hará una idea de lo que ha habido y lo calificará jurídicamente".
El portavoz del Gobierno no quiso amonestar públicamente a Montoro, pero lo dejó en cierta manera en evidencia con sus respuestas, como ya hiciera previamente el jueves el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro. El hombre fuerte de Soraya Sáenz de Santamaría en Cataluña habló directamente en la Cadena SER de "otro tipo de malversación" y puso un ejemplo: se puede entregar una factura bajo el concepto de "servicios postales" y luego "derivarla y manipularla".
Mientras, el titular de Hacienda guarda silencio desde el estallido del escándalo. Únicamente se pronunció el miércoles a última hora de la tarde a través de un escueto comunicado de tres párrafos en el que defendió su actuación. Según las fuentes consultadas, sigue contando con el aval de Mariano Rajoy y Sáenz de Santamaría.