La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha pedido a la justicia española que envíe información adicional sobre la acusación de malversación de fondos públicos contra Carles Puigdemont, al considerar que en la euroorden falta concreción.
"No contiene una descripción suficiente de las circunstancias en las que se produjo el delito con la necesaria concreción de la acusación que permita asociarlo de manera suficiente a los hechos que se le imputan", subraya la Audiencia en el auto emitido el pasado viernes y difundido este lunes y del que se hace eco Efe.
También este lunes se ha hecho público el polémico auto emitido el jueves y en el que se descarta la persecución política: "No hay indicios de que, entre los actos criminales que las autoridades españolas imputan al acusado, haya cargos que se le atribuyan con intención de detenerle por motivos políticos", subraya, por lo que se rechazan tales argumentaciones de su defensa.
Según la extrañísima resolución que parece querer realizar la instrucción y dictar sentencia desde Alemania, la euroorden sí expone "claramente" que el acusado "fue corresponsable –al menos políticamente– de la generación de los costes del referéndum independentista por 1,6 millones de euros" cuando, ante la prohibición previa del Tribunal Constitucional, el gobierno regional no debía usar recursos presupuestarios para ese fin.
"Sin embargo, no queda claro si el Estado acarreó realmente con esos costes en tanto que fueron sufragados con cargo al presupuesto regional, y si el perseguido así lo dispuso", agrega el auto. En opinión de la Audiencia, de las explicaciones de las autoridades españolas no se trasluce si, de acuerdo a la legislación española, sería también punible el hecho de contraer obligaciones financieras para el referéndum si no se han realizado efectivamente los pagos.
Según explica, con la documentación remitida hasta ahora se podría también pensar que, tras la destitución del gobierno autonómico catalán, los costes del referéndum no van a ser pagados o, al menos, no serán pagados con cargo a fondos públicos. Podrían incluso haber sido saldados, como sostuvo Puigdemont en su primera declaración ante un tribunal de primera instancia alemán, con "donaciones privadas", con lo que no se habría causado ningún daño a las finanzas públicas, recoge el auto.
Por ese motivo la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha pedido a las autoridades españolas, a través de la Fiscalía General de este Land, que le remita información adicional que le permita analizar la acusación de malversación.