La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) llevará a la Fiscalía las informaciones sobre presuntos delitos relativos a las calificaciones que obtuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras cursar un máster de Derecho en el centro para que las investigue. Ese delito se concreta en "falsedad en documento público", en concreto, en el acta que supuestamente acreditaba que la presidenta madrileña había hecho el Trabajo de Fin de Máster, según explican fuentes universitarias a distintos medios.
Esta acta contenía la firma de tres profesoras aunque, según publicó El Confidencial, dos de ellas habían sido falsificadas. Dichos medios destacan que en la investigación interna que está llevando la Universidad, la presidenta del tribunal de Cifuentes, Alicia López de los Mozos, ha declarado que su firma es falsa y que nunca evaluó el TFM de Cifuentes.
Según ha informado la URJC en un comunicado, el rector de la institución, Javier Ramos, ha tomado esta decisión como consecuencia de la investigación interna ordenada el pasado 21 de marzo y ante la aparición de informaciones que "pudieran ser constitutivas de delito". El propio rector comparecerá ante los medios en el edificio de Rectorado del Campus de Móstoles para dar más detalles sobre este asunto.
Este es el comunicado hecho público por la universidad:
Como consecuencia de la investigación ordenada por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, el pasado 21 de marzo, y ante la aparición de informaciones que pudieran ser constitutivas de delito, la Universidad ha decido dar traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para su investigación. Mañana, viernes, 6 de abril, a las 13.30 horas, el rector comparecerá ante los medios en el edificio de Rectorado del Campus de Móstoles (Madrid) para dar más detalles sobre este asunto.
La Fiscalía de Móstoles abre diligencias
Por otra parte, y coincidiendo en el tiempo, la Fiscalía de Móstoles ha abierto ya diligencias de investigación penal por las denuncias presentadas por asociaciones de estudiantes por las posibles irregularidades cometidas en la Universidad Rey Juan Carlos.
Fuentes fiscales han informado a Efe de que esa Fiscalía asumirá también la información que la propia Universidad ha anunciado que remitirá.