Mientras las redes sociales, las televisiones y la prensa de medio mundo se llenaban de vídeos y fotografías difundiendo la supuesta brutalidad policial que se había empleado contra el referéndum ilegal, Moncloa impedía que Policía y Guardia Civil hiciesen públicas numerosas grabaciones en las que se mostraba la violencia ejercida durante la jornada contra las fuerzas del orden.
Según la información de El Independiente, la orden partió de la Secretaría de Estado de Comunicación, que dio instrucciones a los responsables de Interior para adoptar un "perfil bajo" y no hacer más grande la bola de nieve ya en marcha en medios y redes. El resultado fue, por el contrario, que sin elementos que lo desmintiesen el relato separatista se adueñó del escenario.
Las imágenes habían sido grabadas por agentes de ambos cuerpos vestidos de paisano y ahora sí se han incorporado a un atestado que ya forma parte de la causa por sedición que instruye Carmen Lamela contra Josep Lluis Trapero. El motivo que desde el Gobierno se aduce para no haberlas usado en su momento es que se recibieron 24 horas después del 1 de octubre.
Lo cierto es que las pocas imágenes se pudieron difundir durante el 1-O y en los días siguientes que mostraban los ataques a Policía y Guardia Civil eran en su mayor parte grabadas por ciudadanos anónimos. La propaganda alrededor del carácter pacífico del 1-O ha centrado el discurso separatista desde entonces y fue, sin duda, un elemento clave durante la campaña electoral de diciembre.