La Fiscalía investiga a Turull por un posible alzamiento de bienes antes del 1-O

La Fiscalía de Cataluña investiga por alzamiento de bienes al exconseller Jordi Turull, candidato a ser investido presidente de la Generalitat, por ceder a su esposa la titularidad de una parte importante de su patrimonio meses antes de la celebración del referéndum del 1-O.

Según ha informado la Fiscalía Superior de Cataluña, las diligencias se centran en un "negocio jurídico de donación" que el pasado 8 de junio firmaron el entonces conseller de Presidencia y su esposa, que también está siendo investigada por el ministerio público.

Tras no superar la sesión de investidura celebrada este jueves en el Parlament, Turull comparece en una vistilla ante el Tribunal Supremo, que le ha procesado por rebelión y malversación por el desafío separatista.

Paralelamente, la Fiscalía Superior de Cataluña ha acordado incoar diligencias de investigación por un delito de alzamiento de bienes del que podrían ser responsables Turull y su esposa, Maria Blanca B.R.

En un decreto firmado ayer, justo cuando Turull se sometía a la investidura, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, detalla que la investigación se ha abierto tras recibir el pasado 15 de marzo un escrito del fiscal jefe de Fiscalía Anticorrupción en el que le adjuntaba la documentación relativa a la formalización de esta donación de patrimonio.

La Fiscalía Superior apunta que es un "hecho notorio" que Turull se halla involucrado como investigado en la causa del Tribunal Supremo por el proceso unilateral a la independencia, "no resultando descartable que del resultado de dicho proceso se deriven responsabilidades civiles a cuya satisfacción podría resultar obligado".

"En tales circunstancias, la celebración de un negocio jurídico gratuito por el que Turull se desprendió de una parte importante de su patrimonio situándolo bajo la titularidad de su esposa, podría resultar indiciaria de la comisión de un delito de alzamiento de bienes", sostiene el fiscal superior de Cataluña en su escrito.

Precisamente, en el auto en el que procesa a Turull por rebelión y malversación, el magistrado del Supremo Pablo Llarena fija una fianza de 2,1 millones de euros como garantía de responsabilidad civil, que tendrá que ser solidariamente prestada por el exconseller de Presidencia y los otros doce miembros del Govern destituido de Carles Puigdemont.

La investigación por el delito de alzamiento ha recaído en manos del fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio, de la Fiscalía Superior de Cataluña, dada la condición de aforado de Turull, que es diputado en el Parlament por el grupo de JxCAT y que en la anterior lo era por el grupo conjunto entre PDeCAT y ERC, JxSí.