Joaquim Forn, en la prisión de Estremera desde el pasado 2 de noviembre, ha anunciado al PDeCAT que en las próximas horas dejará el escaño, el partido y la política. El exconsejero de Interior de Puigdemont cambia la estrategia de su defensa y pretende de esta manera allanar el camino de una hipotética excarcelación a la que se opone la Fiscalía por el riesgo de reiteración delictiva.
Sobre el que fuera responsable político de los Mossos pesan los mismos cargos de sedición, rebelión y malversación que afectan a los Jordis y a los componentes del gobierno cesado por el 155, pero agravados en su caso por la actuación de la policía autonómica antes y durante el referéndum ilegal del 1-O.
En su última declaración voluntaria en el Tribunal Supremo, Forn afirmó acatar la legalidad y respetar la Constitución y prometió además que renunciaría al escaño o a cualquier cargo que pudiera ostentar en el futuro si su partido o el gobierno de la Generalidad persistían en la vía unilateral y el enfrentamiento con el Estado. Las promesas de Forn no convencieron a los magistrados que debían resolver su situación penitenciaria. Tampoco contribuye a mejorar su situación la fuga de Puigdemont y su pretensión de romper de nuevo la legalidad para ser investido presidente, razón por la que Forn ha decidido anticipar su renuncia. Se evita de esa manera tomar parte en una nueva ilegalidad.
Una excarcelación difícil
Con el nuevo paso, Forn también pretende facilitar una excarcelación que se antoja difícil a tenor del papel que desempeñó como jefe político de la policía autonómica durante el golpe de Estado. Como se recordará, Forn fue el sustituto de Jordi Jané, que abandonó el ejecutivo de Puigdemont en julio del año pasado junto a cuatro consejeros más que se negaron a llegar hasta el final en su desafío al Estado. Con su nombramiento, el gobierno golpista se garantizaba el control absoluto de los Mossos.
Forn había formado parte del grupo de Convergencia denominado "los talibanes", el núcleo separatista del partido, por lo que su nombramiento como consejero de Interior se interpretó como una señal inequívoca de las intenciones rupturistas de Puigdemont y Junqueras.
Con su dimisión, Forn sigue la senda del exconsejero de Justicia de ERC, Carles Mundó, que dejó el escaño y ha vuelto a su despacho de abogados. Del gobierno que pretende reponer Puigdemont también se borró Meritxell Borràs tras salir de la cárcel. Siguen como diputados Raül Romeva y Dolors Bassa, de ERC, Jordi Turull y Josep Rull, del PDeCAT, así como los fugados Meritxell Serret y Toni Comín (ERC) y Lluís Puig y Clara Ponsatí (PDeCAT) y el preso y líder de ERC Oriol Junqueras. La renuncia facilita que la lista de Puigdemont y ERC se aseguren un voto de cara a la sesión de investidura. Forn será sustituido por Antoni Morral.
Las intenciones de Puigdemont y la predisposición del presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, a cursar su investidura a toda costa indican a las claras que el separatismo pretende abundar en la desobediencia, razón por la que Forn ha decidido apearse del proceso antes de que empeore su situación como diputado de la candidatura del expresidente.
De momento, Jordi Sànchez, el jefe de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y diputado de Junts per Catalunya también encarcelado, retiene el acta, igual que Junqueras y los fugados, pero todavía está sobre la mesa la posibilidad de que renuncien para facilitar la investidura de Puigdemont, lo que entraría de lleno en los supuestos por los que Forn había prometido dimitir, o de un candidato sin cargas procesales, posibilidad que de momento se resisten a contemplar tanto en Junts per Catalunya como en ERC.