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Queda en libertad el director general de Unipost, investigado por el 1-O

Varias sedes de la empresa de mensajería Unipost están siendo registradas y su director general ha sido detenido en una operación de la Guardia Civil.

Sede de Unipost | Europa Press

La Guardia Civil ha dejado en libertad al director general de la empresa postal Unipost, Pau Raventós, que había sido detenido esta mañana en una operación para rastrear los gastos de la Generalitat relacionados con el referéndum del 1-O, según han informado fuentes cercanas al caso.

Esta operación ha sido ordenada por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, después de que la Guardia Civil denunció en un informe la "opacidad" del gobierno catalán para concretar las cantidades de dinero público efectivas que habían destinado al referéndum ilegal del 1-O, que fue suspendido por el Tribunal Constitucional.

La Guardia Civil detuvo a primera hora de la mañana en su piso de Barcelona al director general de la empresa, Pau Raventós, que posteriormente fue trasladado a la central de la compañía en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), para proseguir con el registro, que también se ha extendido a la sede social de la compañía, en la calle Mallorca de la ciudad condal.

Raventós fue conducido por la tarde a la comandancia de la Guardia Civil en Travessera de les Corts de Barcelona, donde posteriormente ha quedado en libertad.

El pasado mes de septiembre, la Guardia Civil ya se incautó de abundante documentación relacionada con el censo del referéndum del 1-0, suspendido por el Tribunal Constitucional, durante el registro de varias oficinas de Unipost en Cataluña.

A principios de este mes, el titular del juzgado número 13 solicitó información a la administración catalana de la publicidad sobre la consulta y su difusión en medios de comunicación y los costes en el material electoral empleado, lo que incluye urnas, papeletas, sobres y gastos de envío a cargo de la empresa Unipost.

Con posterioridad al 1-O, Unipost, presentó el 11 de octubre un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción que afectaba a 2.200 trabajadores, la totalidad de su plantilla en España, tras no poder rehacerse de la grave situación económica que atravesaba.

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