Mariano Rajoy propondrá, a través del Grupo Popular, reforzar el papel de la Alta Inspección Educativa pero se resiste a la posibilidad de recuperar la competencia de Educación para evitar casos de adoctrinamiento en las escuelas. "Hay un consenso mayoritario de que el Estado autonómico ha funcionado razonablemente. Luego podemos discutir y mejorar los temas de educación, algunos temas concretos", destacó esta misma semana. Y añadió: "De lo primero que soy partidario es de hablar".
Algunos dirigentes del PP de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares llevan meses dando la voz de alarma mientras en Moncloa y Génova optaban, según se han quejado en privado, por mirar para otro lado. Isabel Bonig llegó a exponerle personalmente la situación a Íñigo Méndez de Vigo, el titular del ramo. "Llevamos exactamente el mismo camino que Cataluña si nadie lo remedia", advirtió este mismo martes en esRadio. "El ministro es consciente de que hay un problema educativo", reconoció la líder regional, que tuvo que llamar al orden a la diputada Elena Bastidas que habló de "casos aislados".
En Baleares, las denuncias las está haciendo José Ramón Bauzá, hoy senador, y no el actual presidente del PP allí, Biel Compay. "Hay padres absolutamente desesperados con la inmersión lingüística y el adoctrinamiento", aseguró en Es la Tarde de Dieter. Y explicó lo que ocurre en algunos colegios de la región: "Les cogía el director del centro o la persona que se encargaba en ese momento del centro educativo y les decía que era mejor que sus hijos estuvieran matriculados en catalán porque si no los niños estarían en un gueto y no tendrían las mismas condiciones".
"Una parte de la escuela catalana educa en el odio a España", no se ha cansado de denunciar Xavier García Albiol. "Cuando en una guardería tienes un estelada en la fachada, ¿esto qué es?", se preguntó recientemente. Si bien, su equipo deslizó que en pocas ocasiones han recibido ayuda del partido a nivel nacional para difundir estas denuncias. Este lunes, al término del Comité de Dirección, Pablo Casado sí señaló la Educación como uno de los temas importantes para el partido.
Ante este contexto, por primera vez de forma clara, Rajoy reconoció que "es un asunto que ha generado muchas polémicas, muchos disgustos para mucha gente y ha provocado también que se incumplan sentencias". Si bien, recalcó en Cope que es "un tema muy delicado y muy complejo" en el que hay que dialogar mucho con las formaciones políticas.
"La mejor forma de resolverlo es respetando los derechos de todos llegando a un acuerdo y a un entendimiento", se reafirmó, emplazando a la comisión sobre el modelo territorial que ha dado inicio en el Congreso y destacando su intención de reforzar la Alta Inspección Educativa. Eso sí, fuentes del Ejecutivo rechazaron, a priori, ir más allá y plantear un reordenamiento competencial. "No estamos en eso aunque se pueda debatir sobre muchas cosas", explicaron.
En este sentido, algunos barones autonómicos consultados por este diario se mostraron a favor de abrir el debate sobre las competencias en materia de Educación. "La comisión del Congreso está en teoría para eso y no solo para tratar de contentar a los independentistas", en palabras de un líder regional. "No podemos permitir que en esta batalla también nos gane Ciudadanos. Tenemos que plantar cara", remató su diagnóstico.
Unidad de acción con Ciudadanos
Precisamente, en Génova deslizaron que fue "contraproducente" que Ciudadanos se quedara prácticamente solo en el Congreso hace unas semanas a la hora de defender una iniciativa en contra del adoctrinamiento, lo que permitió a Albert Rivera "distinguirse". Y de ahí que la próxima semana ambas formaciones tratarán de hacer bandera de esta cuestión en la Cámara Baja.
"Ahora se apuntan", comentó con sorna este martes un importante dirigente del partido naranja sobre el giro del PP, no sin recordar que, en breve, Ciudadanos presentará una proposición de ley en contra del adoctrinamiento, informa Mariano Alonso.
Dicho esto, Rivera no aboga por recuperar competencias, en línea con Rajoy. Lo que lleva años sosteniendo, antes incluso de su consolidación como líder nacional, es que el problema fundamental estriba en que la Alta Inspección no ha funcionado, más allá de que las competencias sean autonómicas o del Estado central.