La juez manda a prisión a Junqueras y los ocho exconsejeros que han comparecido en la AN

Las cosas cambian; y lo hacen cada cinco minutos en lo relativo a la cuestión catalana. Aunque, a veces, destino o casualidad dan pistas. Cundía el revuelo sobre las 11:20H en la Sala de Prensa de la Audiencia Nacional porque Santi Vila abandonaba a pie la contigua de Interrogatorios. Falsa alarma, iba a por agua. Aunque, finalmente, el exconsejero de Empresa de la Generalidad, el único que dimitió antes de que el Parlamento proclamara la independencia, ha sido también el único que podrá eludir el ingreso en prisión incondicional. En línea con el criterio de la Fiscalía, que ha valorado su colaboración en el interrogatorio de 45 minutos donde Vila ha contestado a todas las preguntas formuladas, sustituirá la cárcel por el pago de una fianza de 50.000 euros, aunque hasta que deposite la caución deberá entrar en el centro penitenciario de Aranjuez.

El resto ha respondido solo a sus respectivas defensas en comparecencias de cinco minutos. Con dos consignas: brevedad y defensa del mandato de las urnas. Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Dolors Bassa y Carles Mundó, todos de Esquerra, comparten abogado con la presidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell, el penalista Andreu van den Eynde. También para los miembros del PDeCat Jordi Turull, Josep Rull, Meritxel Borrás –que ha regresado a tiempo de Bélgica– y Joaquim Forn, los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira reclamaban la entrada en la cárcel sin la posibilidad de pagar una cantidad para conservar su libertad. Lamela ha hecho efectiva la petición por los evidentes riesgos de reiteración delictiva, ocultación de pruebas y fuga en atención a su elevado patrimonio. La magistrada expone en el auto que el hecho de que Puigdemont y otros compañeros se escondan en Bélgica certifica el peligro de sustracción a la acción de la Justicia del resto.

"En este punto cabe destacar que otros querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido", explica Lamela. Justifica la reiteración delictiva en que las "actividades descritas se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años". También en la gravedad de los delitos imputados: rebelión, sedición y malversación -por "desviar deliberadamente fondos públicos para sus fines", que acarrean condenas de hasta 25, 15 y 8 años de cárcel, respectivamente.

La magistrada pone de relieve una vez más la estrategia perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Ómnium) que llevaría a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el pasado día 27 de octubre. Hace un repaso a la continua desobediencia del Parlamento y el Gobierno catalán a los llamamientos y consignas del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

Respecto de Santi Vila no se observa riesgo de reiteración delictiva "teniendo en cuenta que él mismo desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista el día 26 de octubre". De consignarse la fianza, quedará sujeto a la prohibición de salida del territorio español, entrega del pasaporte, además de comparecencias quincenales en el Juzgado más próximo a su domicilio y fijación de un domicilio y una persona para recibir cualquier notificación.

Los exconsejeros varones ingresan en la cárcel de Estremera, mientras que las mujeres lo hacen en el centro peniteniciario de Alcalá-Meco.

Aplausos a la entrada, menos para Vila

Nueve de los catorce integrantes del Gobierno de Cataluña cesado en virtud del artículo 155 de la Constitución Española han acudido a la citación de la juez en la Audiencia Nacional. El más madrugador ha sido el presidente de Esquerra Oriol Junqueras, exvicepresidente económico de la Generalidad, que ha accedido a las 08:10H con un vigilante de seguridad. Poco antes de las 09H, han entrado en grupo otros siete: Joaquim Forn, Raúl Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borras, Dolors Bassa y Carles Mundó. Han recibido el apoyo en forma de aplausos del medio centenar de políticos separatistas concentrados en la Plaza de la Villa de París, a 20 metros de la sede.

El expresidente inhabilitado por la consulta ilegal del 9N de 2014 Artur Mas ha sostenido que "los tribunales no solucionarán el conflicto entre España y Cataluña". Otro de los condenados por el mismo procedimiento, Francesc Homs deseaba que "no pase lo que pasó conmigo". El contrapunto lo han puesto los ciudadanos que paseaban por la calle Génova, que han recibido a los querellados al grito de consignas como "viva España y viva la Guardia Civil".

Llamativo que haya acudido en solitario Santi Vila, sin la aclamación de la habitual afición rupturista. Se ha desmarcado y lo han marcado.

Aplazados los interrogatorios de Forcadell y la Mesa

Una cosa y la contraria. Si los interrogatorios en la Audiencia Nacional han concluido con ingresos en prisión, en el Tribunal Supremo ni siquiera se han practicado. Sí han acudido todos los citados; la presidenta del Parlamento autonómico Carme Forcadell y los miembros de la Mesa que permitieron que se votara la resolución proclamadora de la independencia: Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet del PDeCat, Anna Simó de Esquerra y Joan Josep Nuet, de la filial catalana de Podemos. El magistrado Pablo Llarena ha suspendido los interrogatorios, que se aplazan hasta el próximo jueves 9 de noviembre a petición de las defensas. La Fiscalía entiende, al hilo de las alegaciones, que los querellados no han tenido tiempo suficiente para preparar su estrategia como imputados por delitos tan graves.

Javier Melero, letrado de Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet, ha explicado que esta petición se ha debido a la necesidad de "meditar de manera más pausada" su defensa. En declaraciones a los medios, también ha cargado contra Puigdemont: "No ponerse a disposición de la Justicia cuando eres llamado siempre perjudica al resto de imputados".

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado, con posterior acuerdo del juez, poner bajo "vigilancia policial" a Forcadell y al resto de estos miembros de la Mesa hasta que el día 9 comparezcan. Cabe destacar que esa "vigilancia" no se realizará de forma presencial, sino mediante la localización del domicilio y fijación de un teléfono móvil para que la Policía pueda realizar controles de permanencia, tal y como ha explicado el abogado Javier Melero.

Por su parte, el abogado de Joan Josep Nuet, de la confluencia catalana de Podemos Cataluña Sí que Es Pot, ha explicado que su cliente "no votó a favor" de la tramitación de la Declaración Unilateral de Independencia en el Parlamento catalán, algo que no se refleja en la querella. A su juicio, esta circunstancia "debe llevar al archivo de la querella contra él".