La Audiencia Nacional y el Supremo acorralan a Puigdemont, Junqueras y Forcadell

El expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, ha dicho varias veces durante su caótica rueda de prensa en Bruselas que no piensa eludir la acción de la justicia, pero que quiere "garantías" para volver a España. Por "garantías" se refiere a una "tregua" judicial. La falta de respuesta popular ante el encarcelamiento de los Jordis ha descuadrado las previsiones de los dirigentes golpistas. Amenazaron con protestas y paros y han llevado a cabo dos manifestaciones masivas. Mucho para una sociedad quebrada, pero insuficiente para reanimar la república y liar el Maidan que tenían previsto.

Puigdemont, Junqueras y los que fueran consejeros del último gobierno de la Generalidad se temen el peor de los escenarios judiciales y puede que estén en lo cierto. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella de la fiscalía general del Estado contra el último gobierno autonómico y la juez Carmen Lamela asume el expediente en el mismo sumario que alude a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y el ex major de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero.

Rebelión, sedición, malversación y unos cuantos cargos más son los que se imputan a todos ellos. Arriesgan penas máximas y se les pide una fianza solidaria de 6,2 millones de euros. Si no la depositan, se les embargarán los bienes hasta cubrir la cantidad. Cabe constatar que muchos de los investigados han cambiado de nombre sus posesiones en los últimos meses.

El exiliado en Bruselas Puigdemont y sus acompañantes, así como el Govern en Barcelona –Junqueras y los que se han quedado–, deberán personarse el jueves y viernes a las nueve de la mañana en la Audiencia Nacional. Caso de no hacerlo, la juez pedirá una orden de detención europea que tendrán que atender las autoridades y la policía belgas. El efecto de la rueda de prensa en el club de prensa de Bruselas ha quedado fulminado a media tarde por las decisiones adoptadas en la Audiencia Nacional.

Un día y medio de plazo

Si la intención de Puigdemont es no eludir la justicia, tiene menos de 48 horas para demostrarlo. Esto no tiene nada que ver con aquellos requerimientos informativos que enviaba el Gobierno para saber si en Cataluña se había declarado la independencia o no. Tiene un aire más grave y es ajeno a la discreta y aterciopelada aplicación del artículo 155 de la Constitución en la administración autonómica.

Puigdemont no tiene crédito en Bélgica. Sus amigos flamencos se han borrado. No es un perseguido político. El viceprimer ministro belga, Kris Peeters, ha salvado la cara del dubitativo primer ministro Charles Michel con unas elocuentes declaraciones: "Cuando llamas a la independencia y la declaras, lo mejor es permanecer junto a tu pueblo".

Bélgica teme el efecto desestabilizador de Puigdemont. En un día de estancia del expresidente regional en el "exilio" se perciben dos crisis en ese país: una interna, dada la presencia de los separatistas flamencos en el heterogéneo gobierno belga, y la que afecta a la raíz de la Unión Europea si el inestable gobierno de Charles Michel cediera a las pretensiones de amparo y protección de quien se autodenomina "presidente legítimo de Cataluña".

Conflicto diplomático

El primer ministro belga había mostrado cierta simpatía por la causa separatista catalana y una notoria hostilidad hacia España. Fue el único mandatario europeo sensible a las mentiras sobre la "violencia" policial en el referéndum ilegal del 1-O.

Los dirigentes del golpe catalanista vieron una "ventana de oportunidad" en la actitud belga y tratan de explotar el flanco en el marco de una precampaña electoral que contará con las fuerzas separatistas. España no es una democracia, pero los partidos separatistas parten con ventaja en las próximas elecciones autonómicas. El "relato" no cuadra.

Aún es pronto para descartar una lista conjunta en el separatismo. Oriol Junqueras no quiere ni oír hablar del tema y el único que ha dado un paso al frente en el PDeCAT, Santi Vila –el consejero que dimitió en el último momento–, tampoco. La ANC es partidaria de reeditar una candidatura conjunta, pero la plataforma separatista no va delante del proceso, como se ha dicho de forma obsesiva, sino a remolque de las decisiones de ERC y el PDeCAT, cuyos principales dirigentes están enfrentados.

Reacción de Millo

El Gobierno se ha reunido en Consejo de Ministros extraordinario. La rueda de prensa posterior ha sido en Barcelona y la ha protagonizado el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. El Ejecutivo replica a Puigdemont con los preparativos de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y anuncia la extinción de las oficinas del Consejo Asesor para la Transición Nacional que montó Artur Mas en 2012. Puso al frente a un vicepresidente del Tribunal Constitucional, Carles Viver Pi-Sunyer, al que se considera el "arquitecto" legal de la independencia catalana.

Entre tanto, Puigdemont y sus consejeros han abandonado el hotel. Un taxista de Bruselas confirma, según TV3 y La Sexta, que ha llevado al expresidente catalán al aeropuerto. La cadena pública catalana apunta que fuentes del "entorno" del president –alegan que también aluden al evasor fiscal confeso Pujol como president para mantener el tratamiento al cesado– sostienen que Puigdemont no se muda, de momento, de Bruselas.

La tesis separatista es que los miembros del Govern no se han fugado, que como ciudadanos europeos que son gracias a que Cataluña no es una república pueden transitar libremente por la Unión Europea. Sostienen que Bruselas, como capital de la Unión Europea, es terreno sagrado, como el santuario francés de ETA. España no es segura, denuncia Puigdemont tras explicar que Interior le ha reducido la escolta y la ha eliminado por completo para el resto de los consejeros.

El misterio y la división guían los movimientos de los dirigentes separatistas. Junqueras parece haber decidido quedarse y afrontar el trance judicial ante la juez Lamela, que empieza a desentrañar las estructuras separatistas para conseguir la independencia vulnerando la soberanía nacional y sin pasar por más urnas que las de un referéndum cuyos resultados no avalan ni los "observadores" contratados por la Generalidad y cuyos gastos pagados forman parte del sumario en el apartado de la malversación de caudales públicos.

Tratándose del golpe separatista, cualquier previsión es susceptible de empeorar. Habrá que esperar a las nueve de la mañana del jueves para confirmar la posición de todos y cada uno de los miembros del "gobierno legítimo" de la Generalidad. La citación de Lamela responde a la lógica de la gravedad y la alarma social, así como a los tiempos del Tribunal Supremo, que también ha citado a Carme Forcadell y el resto de los miembros separatistas del Parlament. Hubiera sido de difícil explicación que el Supremo fuera más diligente que la Audiencia Nacional a la hora de las citaciones.

La versión de TV3

El canal oficial de los separatistas, TV3, ha mostrado a Puigdemont saliendo de su hotel y metiéndose en un taxi. Dice que no ha recibido ninguna notificación, que se han enterado "por los periódicos". La televisión pública catalana confirma que los exconsejeros Joaquim Forn (del PDeCAT) y Dolors Bassa (de ERC) regresan a Barcelona "tal como estaba previsto".

Se pone de moda el concepto europeo de la libertad de movimientos. Parece que Puigdemont y sus exconsejeros están dispuesto a comparecer ante la juez Lamela. A la una del mediodía del martes, la idea era resistir en Bruselas hasta obtener "garantías". A las nueve de la noche se detectaban movimientos "sospechosos".