El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha cargado duramente contra los Mossos d'Esquadra, cuya actitud ha "puesto en riesgo de manera irresponsable el prestigio" de la policía catalana, y ha asegurado que el Ejecutivo "se ha visto obligado a hacer lo que no quería hacer".
En rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en Barcelona, ha considerado que "los Mossos tenían la orden policial de impedir la celebración del referéndum ilegal, por eso debían evitar que se abrieran los mal llamados colegios electorales".
"Lamentablemente -ha añadido- no ha sido así en la mayoría de casos y se ha impuesto la línea política por encima de la profesional, poniendo en riesgo de manera irresponsable el prestigio de un cuerpo policial que es de todos y para todos. Por eso la Policía Nacional y la Guardia Civil han de actuar".
Porque, ha dicho, "el objetivo no son las personas que libremente se han acercado a expresar su opinión, sino que es el material electoral. Por eso pedimos comprensión y colaboración a todo el mundo. Nos vemos obligados a hacer lo que no queríamos hacer".
El 1-O, "desmontado"
A pesar de que ha evitado dar detalles concretos del operativo policial en marcha, ya que volverá a comparecer este mediodía, Millo ha aseverado que "se confirma que el Estado de derecho ha desmontado el referéndum ilegal. No hay referéndum de autodeterminación en Cataluña".
El delegado ha explicado que el objetivo del operativo policial es "exclusivamente cumplir con las resoluciones judiciales del Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que dicen que hace falta respetar el marco legal democrático vigente que nos ha dado a todos los catalanes la convivencia en paz, libertad e igualdad de los últimos 40 años".
Una convivencia, ha agregado, "rota por la clase política" independentista, al "crear un marco paralelo para satisfacer el deseo exclusivo del Govern secuestrado por la minoría más radical".
"Sin vergüenza anuncian un censo universal y que cada uno vote donde le parezca. No tienen nada para montar una votación mínimamente seria. Agitan la calle y movilizan a la gente para que su desvarío ilegal tenga apariencia de realidad, lo cual es, sin duda, una irresponsabilidad descomunal", ha señalado, ya que "se pone en riesgo el orden jurídico y el orden público y la integridad física de personas, niños y ancianos, una irresponsabilidad descomunal".
Además, ha apuntado que tras la declaración del Gobierno catalán de esta mañana "queda evidente que todo es un engaño, que es una farsa: es la primera vez en la historia en que, a 45 minutos de empezar la votación, se cambian las reglas del juego, con urnas opacas, metáfora sobre la transparencia de su democracia, sin papeletas oficiales, sin censo electoral visible, sin junta electoral, sin capacidad de recuento, sin ninguna de las mínimas características que puedan conformar una votación normal", ha dicho.
Y especialmente ha incidido en que se pueda votar sin sobres llegado el caso: "Con los sobres quedan garantizadas dos cuestiones: un sobre, una papeleta. Y un sobre, un voto secreto", ha recordado, denunciando que sin sobres se permite, pues, el voto "múltiple".
Es por ese motivo que ha subrayado que el deber del Gobierno es "velar por la seguridad de los catalanes, garantizar sus derechos y salvaguardar el marco jurídico y constitucional. No toleraremos que unos cuantos quieran imponer sus objetivos a costa de dividir a la sociedad catalana, un precio caro que no se pagará".