Oriol Junqueras, el responsable "técnico" del referéndum, y el president Carles Puigdemont han trasladado el golpe de Estado separatista a las calles. El bloqueo de las cuentas de la Generalidad y la detención de una decena de altos cargos que dirigían las tareas de organización del 1-O han activado la respuesta "popular" con la que los dirigentes nacionalistas amenazaban desde hace tiempo.
El choque de trenes era esto.Miles de personas en la calle gritando que votarán e insultando a la Guardia Civil mientras la interventora de la Generalidad envía al Ministerio de Hacienda los justificantes de gastos de las últimas semanas para resguardar las espaldas judiciales de sus superiores. Junqueras, vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, arengaba a los manifestantes frente a su consejería al mismo tiempo que el ministro Cristóbal Montoro informaba de que acababa de recibir la documentación requerida a la Generalidad y que el antedicho Junqueras se había negado a enviar hasta ahora con gran alarde propagandístico. "El pueblo salva al pueblo y el futuro de Cataluña está en nuestras manos", decía Junqueras con la voz rota y los ojos enrojecidos.
El juez Juan Antonio Ramírez Sunyer es el magistrado que ha ordenado la intervención de la Guardia Civil contra el referéndum. Titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, lleva el caso de las revelaciones del exsenador de ERC Santi Vidal. En un acto de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) afirmó que la Generalidad había obtenido de manera ilegal los datos fiscales de todos los catalanes y que también se disponía de censo. Su partido le obligó a dimitir y lo dejó desaforado y a los pies de los caballos. Los partidos separatistas vetaron una comisión en el Parlament sobre el particular, pero no pudieron impedir que el juez tomara cartas en el asunto.
La "cantada" de un senador de ERC
Todas las revelaciones de Vidal a mediados de enero de este año aludían a un referéndum que aún no tenía fecha pero en cuyos preparativos trabajaba el gobierno de la Generalidad ya antes de su accidentada constitución después de que los diez diputados de la CUP se cobraran la cabeza de Artur Mas. En el curso de esa investigación se enmarca la actuación de la Guardia Civil que se salda con una decena de altos cargos detenidos y la incautación de las papeletas del referéndum. Todavía no se han localizado las urnas que pretenden utilizar Puigdemont y Junqueras en el simulacro del 9-N que prevén para el primero de octubre. Están en sedes municipales y son propiedad del Estado. Puigdemont se ha jactado en la prensa internacional de tenerlo todo preparado, pero el presidente de Òmnium Cultural, otra de las organizaciones "cívicas" del "proceso", Jordi Cuixart, ha admitido que el prometido referéndum con "plenas garantías" no será tal, sino una jornada más de movilización.
Los partidos separatistas han situado al Parlament y a la Generalidad fuera de la legalidad. La cámara autonómica debía celebrar un pleno ordinario este miércoles y jueves, pero tras la aprobación de la ley del referéndum y la de transitoriedad la actividad parlamentaria ha quedado suspendida hasta nueva orden. La mayoría parlamentaria, que es minoría en votos, ha cerrado la cámara, denunciaba la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas.
Pasividad de los Mossos
A las ocho de la tarde arreciaba la presión frente a la consejería de Economía, en la Rambla de Cataluña con Gran Vía, pleno centro de Barcelona. Diputados del PDeCAT y los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, discurseaban a la concurrencia. Faltó el canto de un duro para que dieran por proclamada la república catalana antes de lo previsto. La consejería de Sanidad transmitía recomendaciones vía Twitter a los manifestantes para afrontar una larga movilización. Ropa ligera, calzado cómodo y agua para hidratarse.
Los Mossos d'Esquadra mantienen la actitud de los últimos días. Las instrucciones de la Fiscalía no les incumben. En el registro en la consejería de Gobernación había más agentes de la Benemérita que de la policía autonómica. Miembros de ambos cuerpos tuvieron que reducir a unos cuantos exaltados.
En la consejería de Economía el ambiente era en apariencia festivo. Aprovechando el gentío, grupos de violentos destrozaron vehículos de la Guardia Civil. En una sede del PSC dos trabajadores eran agredidos. Los ataques a las sedes de los partidos no separatistas no son noticia en Cataluña. La consigna informativa nacionalista habla de "decenas de miles de personas" que protestan en toda Cataluña. A tenor de la publicidad separatista, la "masiva" operación policial dista de tener una "masiva" respuesta.
El 15-M separatista
Los independentistas se mostraban dispuestos a hacer noche frente a la consejería de Economía, donde se concentran todos los esfuerzos separatistas. Se prefigura una acampada al estilo del 15-M. La CUP ha desalojado las universidades para que los estudiantes se hagan cargo del grueso de la movilización. La plataforma antisistema insta a la huelga general, pero la Generalidad no quiere gastar esa bala todavía. Se prepara para una larga movilización y pretende escalonar la réplica. El horizonte se amplía. El 1-O no es la estación término sino una más.
Cuando lo de Banca Catalana
El operativo nacionalista rememora los episodios de la intervención de la estafa de la Banca Catalana de Jordi Pujol, cuando llamó a la ciudadanía a protestar en la calle. El entonces líder del PSC, Raimon Obiols, fue agredido a las puertas del "Parlament" por manifestantes catalanistas. Pujol salía al balcón de la Generalidad para denunciar un "ataque a Cataluña".
El presidente del Gobierno instaba a Puigdemont a dar marcha atrás pasadas las nueve de la noche. Le tendía la mano, le instaba al diálogo y apelaba a la "prudencia" y a la "responsabilidad", que definía como guías de su actuación.