Los Mossos toleran el acoso a la Guardia Civil en la incautación de datos censales

El registro de la Guardia Civil en las instalaciones de Unipost (la empresa participada por miembros de la familia Raventós que aspira a convertirse en el Correos de la república catalana) en Tarrasa comenzó a las seis de la mañana. Los agentes buscaban material del referéndum del 1 de octubre y encontraron citaciones para formar parte de las mesas de la consulta, así como diversa documentación relativa al censo que está utilizando la Generalidad.

A media mañana, la CUP instó a una concentración en las instalaciones de Unipost similar a las que llevan a cabo cada vez que trasciende una actuación de la Guardia Civil. Un centenar de personas acudieron frente a la sede de Unipost en Tarrasa. Cantaron Els Segadors y L'Estaca, gritaron las consignas habituales contra la Guardia Civil y corearon el "¡votarem!". Una decena de agentes de la policía autonómica, los Mossos d'Esquadra, se interpusieron entre los efectivos de la Guardia Civil que velaban por el registro y los manifestantes.

La seguridad ciudadana es competencia exclusiva de los Mossos y ellos eran los encargados de evitar mayores contratiempos en las tareas de la Guardia Civil. Un teniente de alcalde del ayuntamiento de Tarrasa, Miquel Samper, del PDeCAT, se presentó en el lugar en calidad de abogado, accedió a las instalaciones y a la salida declaró que el registro se estaba llevando a cabo sin orden judicial.

Secretario encapuchado

A primera hora de la tarde, un secretario judicial del juzgado de instrucción número 3 de la localidad barcelonesa trataba de entrar en coche y encapuchado para no ser reconocido por los manifestantes al edificio de Unipost. En ese momento, un grupo de jóvenes decidió sentarse en la calzada para impedir el paso del funcionario. Los Mossos establecieron entonces una larga y densa negociación con los activistas de la CUP que no fructificó. Pasadas tres horas, los mossos procedieron al desalojo. Los miembros de la formación antisistema tenían la consigna de no oponer resistencia.

A las siete y media de la tarde, un grupo de antidisturbios de los Mossos procedía a despejar la zona para permitir el paso del secretario judicial primero y la salida de la Guardia Civil con el material incautado después. Eran necesarios cuatro agentes para retirar a cada manifestante, lo cual dilató la maniobra durante media hora. La policía local, presente en la zona, no intervino. Al filo de las ocho, el coche con el secretario judicial y una furgoneta blanca con el material requisado salían de Unipost, empresa que ya distribuyó todo el material electoral relativo al referéndum del 9-N de 2014.

La incautación de al menos de una parte (más de 45.000 según la información de Efe) de las notificaciones para formar las mesas del referéndum del 1-O supone un golpe en los preparativos del referéndum que abunda en la falta de garantías del proceso montado por los partidos separatistas. De momento, la Generalidad ya habría incumplido su compromiso de hacer llegar las citaciones entre el 15 y el 18 de septiembre. No consta que ningún ciudadano de Cataluña de los teóricos 55.000 afectados haya sido citado a comparecer en calidad de presidente o vocal en las mesas del 1-O.

Mossos exentos

Las policías locales de Cataluña comienzan a cumplir las instrucciones de la Fiscalía, pero topan con graves dificultades con algunos alcaldes. Los agentes municipales de Tarragona han retirado pancartas del referéndum. También ha ocurrido en Moià, pero el alcalde de la localidad, el republicano y vicepresidente de la Diputación de Barcelona Dionís Guiteras, ha dado orden a los agentes de que restituyan los carteles requisados.

Los agentes de las policías municipales de toda Cataluña están recibiendo fuertes presiones para abstenerse de cumplir con las instrucciones de la Fiscalía. Su situación contrasta con la de los Mossos, que no han sido requeridos, de momento, como policía judicial en el operativo para desactivar el referéndum ilegal y se limitan a efectuar simples tareas de cobertura sometidas a múltiples consultas en una intrincada cadena de mando que acaba en el consejero Joaquim Forn.

Fuentes sindicales de los Mossos atribuyen la actitud contemplativa de los agentes a las instrucciones recibidas por la consejería y que no han sido contrarrestadas ni por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ni por el Ministerio del Interior.

Cautelas administrativas

Pese a la retórica insurrecta, los dirigentes de los partidos separatistas en la Generalidad y los ayuntamientos adoptan toda clase de cautelas. El Diari Oficial de la Generalitat, el "BOE" autonómico ha publicado la suspensión de las leyes del referéndum y la de transitoriedad jurídica y el decreto de convocatoria del 1-O. Oriol Junqueras pleitea en el Tribunal Supremo el bloqueo de las cuentas de la Generalidad y el superior operativo de los Mossos, el "mayor" Josep Lluís Trapero, transmitió las instrucciones de la Fiscalía a todas las comisarías. Otra cosa son las instrucciones internas. Junqueras amenaza a las entidades financieras con las que trabaja la Generalidad, Puigdemont aún garantiza que el 1-O se llevará a cabo con todas las garantías democráticas y los Mossos reciben órdenes contradictorias.

La Guardia Civil, la Policía Nacional y algunas policías locales de Cataluña topan con las obstrucciones de ayuntamientos y de la Generalidad mientras el portavoz de la Generalidad, Jordi Turull, ha garantizado este martes la celebración del referéndum. Al tiempo, tres alcaldes ilerdenses se han negado a declarar ante la fiscalía. Se trata del primer edil de Mollerusa, Marc Solsona, que ha acudido a la sede del TSJC puesto que al ser también diputado regional ostenta la condición de aforado, del de Oliana, Miquel Sala, y del El Pont de Suert, José Antonio Troguet. Todos ellos militan en el PDeCAT, partido que ha dado instrucciones para que los ediles se personen voluntariamente, a diferencia de los alcaldes de la CUP.