Quizá la imagen más representativa del congreso de ayer fue el cierre de filas del socialismo andaluz, con todos los ex presidentes de la Junta y, simultáneamente en caso todos los casos, ex secretarios generales del PSOE andaluz. Especial fue el caso de Alfonso Guerra, que no ha sido ni una cosa ni otra sino vicepresidente del gobierno desde 1982 a 1991. Todos los medios andaluces coinciden en subrayar la delicada preparación de sus entradas al recinto del congreso y el aplauso redentor propinado por la militancia y los invitados.
Pero la realidad es que todos ellos, Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Alfonso Guerra y la propia Susana Díaz, se han visto señalados desde 1982 en diversos casos de corrupción.
El caso más leve, sin duda, es el de Rafael Escuredo que fue acusado por el "fuego amigo", cuando estaba en desigual pelea con Felipe González por disponer de la máxima autonomía en sus políticas regionales -recuérdese el caso de la famosa Reforma Agraria -, de operaciones irregulares en torno a un chalé cercano a Sevilla. ABC lo contó así: "La caballería ligera del periodismo progresista de la época envió a sus sicarios hasta Sevilla para desprestigiar la imagen de Escuredo. Le montaron un reportaje donde se salpicaba el modo ventajista que, supuestamente, le había otorgado Dragados y Construcciones al presidente para levantarse un chalé de tipo medio en Simón Verde".
Luego, el propio Escuredo dijo en 2013 esta tremenda frase: "En mi época, los políticos corruptos eran carteristas" y lamentaba que hubieran convertido en la actualidad "en mafias organizadas". Y añadía que "los excesos cometidos en el pasado nos han traído la desolación actual", ha dicho. Escuredo concluyó que la Marca España se había convertido en "la marca de la vergüenza".
El caso de Pepote Rodríguez de la Borbolla, presidente de la Junta desde 1984 tras la dimisión de Escuredo hasta la llegada de Manuel Chaves en 1990, fue mucho más grave porque fue afectado de pleno por el caso del edificio Presidente. El 5 de noviembre de 1986, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba la compra del Edificio Presidente. Poco después, 18 días, ABC detallaba que lo pagado por la Junta superaba los precios de mercado en la zona donde se ubicaba el edificio.
Borbolla no respondió a las preguntas de la oposición ni quiso entregarle el expediente del caso al PP ni a IU, entonces dirigida por Julio Anguita que amenazó con los tribunales. Cuando se vio forzado a hacerlo, las irregularidades salieron a la luz. Un escandalazo aprovechado por el guerrismo para hundir, por méritos propios, a Pepote que respondió callando, esto es, asintiendo, ante el caso Costa Doñana que afectaba a los amigos de Felipe González, Jacinto Pellón, Bores y otros, que eran ya personajes de la novela negra de la Expo.
Y, además, está el caso de la imputación de su hermano, Ángel Rodríguez de la Borbolla en un ramal del caso ERE. Hasta el propio José Antonio Griñán, lo que son los "compañeros de partido" pidió su imputación por los más de cinco millones en subvenciones directas que recibió una de las tres empresas participadas por él. Hasta El País calificó de "inexplicable" el comportamiento de Griñán.
El caso Guerra, que acabó con la vicepresidencia de Alfonso Guerra en 1991, un año después de estallar el escándalo del despacho oficial que su hermano Juan tenía en dependencias de la Delegación del Gobierno en Sevilla sin ser empleado público, fue el detonante del divorcio político entre Felipe González y Alfonso Guerra. Aquella guerra intestina dio paso al estallido de nuevos escándalos que condujeron al PSOE a la oposición en marzo de 1996.
Manuel Chaves, que llegó a Andalucía "a palos", tuvo muchos y numerosos escándalos que afectaban al PSOE que dirigía y a su propia familia. Los casos más sonados fueron el caso Ollero (1992), el caso del préstamo impagado de la Caja de Ahorros de Jerez (publicado en 1995) donde él mismo y 32 dirigentes del PSOE de Cádiz estuvieron afectados por una Comisión de Investigación que finalmente no se llevó a cabo.
Luego, recuérdese el caso del espionaje a los presidentes de las cajas de ahorro sevillanas disconformes con su política financiera, el caso de la subvención a la empresa de su hija Paula, el caso del "comisionista", su hijo Iván Chaves y, por no eternizar la relación, el caso ERE.
José Antonio Griñán fue afectado muy especialmente por el caso ERE, porque en su desarrollo histórico detentó la responsabilidad de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía. De hecho, ha sido el único presidente de la Junta para el que la Justicia pide penas de cárcel en el caso. También sufrió durante su mandato los casos de Rafael Velasco, su número dos, afectado por el fraude de los cursos de formación, el caso Invercaria…
Y Susana Díaz, que aunque salpicada por otros casos con el de las minas de Aznalcóllar o el fraude de la formación, ha resistido los embates externos si bien ha sufrido el varapalo interno en las pasadas elecciones primarias y que, ahora, aguijoneada por la necesidad, ha preparado el paseíllo del perdón para todos los antecesores y gerifaltes socialistas.