Antoni Bayona, letrado mayor del Parlamento catalán y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Fabra, ha publicado un amplio informe que desmonta las pretensiones separatistas de convocar un referéndum "legal". Según Bayona, la mayoría parlamentaria estaría desprovista no ya de legalidad sino de toda legitimidad porque se funda en unos resultados, los del 27 de septiembre de 2015, que otorgaron la mayoría en escaños a la suma de Junts pel Sí y la CUP, pero no en votos.
"España no es un Estado autoritario"
Tras ese considerando político, Bayona dice que es un "grave error" tachar de "totalitario" al Estado y subraya las contradicciones separatistas cuando apelan a conceptos como "legitimidad democrática" combinados con la práctica de la unilateralidad. El artículo de Bayona en la Revista Catalana de Derecho Público y al que dio publicidad La Vanguardia subraya que "si desde el punto de vista político las elecciones (los pasados comicios autonómicos) debían constituir un plebiscito para comprobar la existencia de una mayoría social a favor de la independencia de Catalunya, este objetivo político no se logró, ni parece correcto desnaturalizarlo con el criterio de los escaños conseguidos".
Según Bayona, se podría aceptar el "principio democrático" para "romper las reglas de un Estado autoritario a cambio de un estado democrático y constitucional", pero esa condición no se da en el caso de España. Así, el jefe de los servicios jurídicos de la cámara autonómica sostiene que es "arriesgado confundir esa situación" (la de un Estado autoritario) con la de un Estado que "mantiene los elementos esenciales que lo definen como democrático y de derecho".
Bayona escribe en su estudio que "pretender, a partir de la constatación de ciertos déficits democráticos, que el Estado español mantiene formas autoritarias (posfranquistas) que lo convertirían en no democrático puede suponer un grave error de apreciación política y sobre todo jurídica".
El letrado también constata que el referéndum previsto por la Generalidad no cumple ningún requisito para ser tomado en consideración por la comunidad internacional y desmonta el concepto de "derecho a decidir", del que afirma que no puede amparar una consulta como la que plantean los partidos nacionalistas.