Crisis en el PDeCAT: Gordó deja el partido, pero retiene el escaño para defenderse en el caso 3%

El cobro de comisiones a cambio de contratos públicos, el sistema del 3%, se ha cobrado una nueva pieza política. La apertura de diligencias por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre Germà Gordó, exgerente de CDC, exsecretario de la Generalidad y exconsejero de Justicia, se ha saldado de momento con su baja del partido. Abandona también el grupo parlamentario de Junts pel Sí, pero no deja el escaño y en un comunicado anuncia su intención de representar al sector del PDeCAT llamado "Nova Convergència", una corriente que se autodefine como soberanista y liberal y con la que Gordó pretendió sin éxito lograr una presencia relevante en la ejecutiva de la formación heredera de Convergencia.

La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, exigió el pasado viernes que Gordó renunciara a su acta de diputado cuando pocas horas antes el mismo partido había emitido un comunicado en el que mostraba su confianza en la inocencia del exgerente, al que dos testigos protegidos delatan junto a Artur Mas en la pirámide de las comisiones, y ceñía las responsabilidades políticas al cese como presidente de la comisión parlamentaria de Justicia, lo que no implicaba la renuncia al acta de diputado.

Temor a un pacto con fiscalía

Al mantener su condición de aforado, Gordó se asegura que el expediente no salga del TSJC, cuyo magistrado Enric Anglada, redactor del auto de apertura de diligencias, es próximo a Convergencia. La estrategia jurídica del que fuera mano derecha de Artur Mas provoca tal inquietud en el partido que Carles Puigdemont ya ha tratado de restar importancia a lo que pueda declarar Gordó tras un hipotético pacto con la fiscalía. El presidente de la Generalidad citaba como ejemplo la confesión de Félix Millet y Jordi Montull sobre la participación de CDC en el saqueo del Palau de la Música.

El "recaudador"

Además de los testimonios de los empresarios, el nombre de Gordó aparece en agendas y documentos incautados durante las investigaciones sobre el 3% que dirigen los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo y el juez de El Vendrell. En calidad de gerente de la formación nacionalista y también como secretario de la Generalidad y consejero de Justicia, Gordó habría mantenido reuniones con empresarios para el cobro de comisiones, al punto de que los investigadores se refieren a él como el "recaudador".

En la nota, Gordó afirma que se siente injustamente tratado "porque hay electos investigados a los que no se cuestiona". "De hecho –añade el diputado– no tiene ningún sentido defender el derecho a la presunción de inocencia si no se puede materializar; es como si alguno defiende el derecho a la autodeterminación pero no lo deja ejercer".