El fiscal del caso Palau: "Envolvían en la bandera los atropellos con la cartera"

Las conclusiones del fiscal Emilio Sánchez Ulled en el juicio sobre el caso Palau de la Música han resultado tan extensas como demoledoras. El representante del Ministerio Público ha invertido casi toda la mañana de este lunes en explicar con profusión de detalles el saqueo de la institución cultural por parte de su expresidente Fèlix Millet, del exadministrador Jordi Montull y su hija, Gemma Montull, que ejercía de jefa de contabilidad, así como el desvío a través del Palau de comisiones de Ferrovial a Convergencia a cambio de adjudicación de obra pública.

Según las pruebas aportadas por la fiscalía, el monto del desfalco asciende como mínimo a 22.731.817 de euros, de los que se ha podido determinar que al menos 3.741.898 fueron a parar a las arcas del partido de Pujol, Mas y Puigdemont; 7.021.245 se los quedó Fèlix Millet y 1.318.443, Jordi Montull. Del resto del dinero, más de diez millones, no hay pistas, aunque el fiscal apuntó la posibilidad de que Convergencia fuera el destinatario de esa cantidad.

En su relato, Sánchez Ulled destacó que se fabricaban facturas de empresas que estaban en concurso de acreedores, ya no existían o sus administradores habían fallecido y que muchas de estas facturas se encargaron a un imprenta que en el momento de los teóricos pagos aún no existía. También desgranó algunos de los procedimientos de Millet para deshacerse de los billetes de quinientos euros. Uno de los sistemas consistía en enviar a comprar tabaco a un subordinado tras avisar previamente al estanco para que tuvieran cambio a mano.

El papel de los directores bancarios

También denunció la falta de profesionalidad de los organismos auditores de las administraciones que formaban el Consorcio del Palau, la "dinámica complaciente" de quienes deberían haber advertido las numerosas irregularidades en la gestión y la absoluta falta de transparencia. Fue especialmente duro con los directores de oficinas bancarias que hacían efectivos cheques de grandes sumas de dinero a empleados del Palau enviados por Millet y Montull sin dejar constancia registral de quién había entregado el talón.

Todo ello forma una "imagen social demoledora en la que queda clara la prepotencia de un círculo sociopolítico de gente que se creía intocable. Tan intocable que Sánchez Ulled ha tenido que admitir que aún lo es cuando se ha referido al cobro de doce millones y medio de pesetas por parte de Àngel Colom, expresidente de ERC y ahora en Convergencia. El fiscal constató que las defensas de las administraciones y de los organismos vinculados al Palau no habían requerido la devolución de ese dinero que, según Colom, sirvió para cerrar el efímero Partit per la Independència. Colom se dirigió a Millet en su calidad de "mecenas" y recibió de su mano un talón que ingresó en su cuenta particular. "Se desconoce si pagó a los acreedores. Lo que se sabe es que pidió el dinero por sus servicios al país. Envolvía en la bandera los atropellos de la cartera", concluyó.

Este es el último juicio de Sánchez Ulled, fiscal también del 9-N. El jurista ha conseguido la plaza en Bruselas de consejero de Justicia de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, entidad que coordina las actividades del Ministerio de Justicia en la Unión Europea.