Caso Palau: Montull negocia una rebaja de las penas para él y su hija a cambio de confesar los pagos a CDC

A pocas horas del comienzo de la vista del juicio por el saqueo del Palau, uno de sus implicados, el exnúmero dos de la entidad, Jordi Montull, se aviene a negociar un acuerdo con la Fiscalía que implicaría reconocer el pago de comisiones a Convergencia a cambio de una rebaja de las penas que se piden para él y su hija, exdirectora financiera; veintisiete años y medio y veintiséis respectivamente. La defensa de los Montull se centra sobre todo en arrancar del fiscal una sustancial rebaja de la pena para Gemma Montull que evite su ingreso en prisión.

El giro de última hora centra todavía más el caso en la urdimbre de fundaciones por las que se canalizaba el dinero que los adjudicatarios de obras públicas pagaban a Convergencia con el Palau de la Música como lavadero de las mordidas. Se trata de un asunto destapado oficialmente en 2009, pero cuyo recorrido comienza en 2002 con una denuncia anónima ante la Agencia Tributaria que fue desestimada y continuó con una advertencia de la Sindicatura de Cuentas al parlamento catalán sobre las irregularidades detectadas en la gestión de la entidad que los diputados tampoco tuvieron en cuenta. Una investigación de la Fiscalía de Barcelona sobre el fenómeno de las comisiones del 3% de Convergencia por la adjudicación de obra pública llevó a los investigadores a las puertas de lo que hasta entonces era un templo social y cultural de Cataluña.

Entre las mordidas bajo la lupa judicial figuran algunas de las relativas a la propia Ciudad de la Justicia, el parque judicial barcelonés donde transcurrirá la vista, edificado por Teyco, la constructora de los Sumarroca, los amigos más íntimos de la familia Pujol, e inaugurado en 2008.

Desde 1990 a 2009, Félix Millet presidió el Palau a su antojo con la ayuda de Jordi Montull como compinche. En el momento de su caída, Millet era presidente de Bankpime y vicepresidente tercero del F.C. Barcelona, además de amo y señor del edificio modernista que alberga el Palau y de cuanto se cocía en su interior y fundaciones dependientes tras el escaparate de una densa programación musical y cultural.

Las dimensiones del caso y la sombra del 3% -en una de sus múltiples derivadas- confieren al juicio una importancia capital en el curso de la situación política catalana. Félix Millet, Jordi Montull y su hija no estarán solos en el banquillo de los acusados. Tendrán a su lado al extesorero de Convergencia, Daniel Osàcar, dos directivos de Ferrovial, seis empresarios, dos abogados y un asesor fiscal, muchos de los cuales tendrán que reorientar el sesgo de sus defensas si Fiscalía y la familia Montull llegan a un acuerdo que supondría un clavo más en el ataúd de la Convergencia de Pujol y Mas.

El botín convergente

Las partes han citado a 115 testigos y se dirimen penas de más de veinte años para Millet, Montull y su hija y de seis y medio para Osàcar por la evaporación de más de 22 millones de euros entre 2002 y 2009. Y entre 1998 y 2009, el partido de Pujol y Mas rebautizado como PDEcat, se embolsó, a criterio de la Fiscalía, un total de 6.676.105 euros procedentes de las comisiones vehiculadas de la fundación del Palau a las fundaciones del partido.

Las cuestiones previas ocuparán los primeros días de la vista, de modo que hasta el 8 de marzo no comenzará el turno de interrogatorios a los testigos. El 20 les tocará declarar a las esposas de Millet y Montull, a las dos hijas de Millet así como a representantes de diversas proveedoras del Palau. El 24 de marzo será el momento de los testigos y se prevé que el juicio no quede visto para sentencia hasta el 27 de junio, tras testificales, periciales, conclusiones de las partes y últimas palabras de los acusados.

La vista podría permitir una amplia panorámica del sistema del 3% y el "modus operandi" de Millet, que llegó a ocupar plaza en el patronato de la FAES, recibía las máximas distinciones -Cruz de Sant Jordi, medalla de Barcelona, premios al fomento del mecenazgo...- y era una figura respetada por sus antecedentes familiares -su padre, uno de los impulsores en los sesenta de Òmnium Cultural, era sobrino de Lluís Millet, fundador del Orfeó Català-. Un miembro de esas cuatrocientas familias que según él mismo explicaba son los mismos que siempre coinciden en el Liceo, el propio Palau o el palco del Camp Nou. Con ese camuflaje, a Millet se le atribuye la desaparición de más de siete millones de euros mientras que a su fiel asistente Montull, una cantidad más modesta, 1.300.000 euros.

Millet utilizaba el dinero para fines muy diversos como viajes de lujo, pagar las bodas de sus hijas -luego exigía el importe a sus consuegros- y en reformas en sus propiedades inmobiliarias. A sus 81 años, ha declarado que sólo quiere que esto acabe cuanto antes y que está muy delicado de salud por lo que espera ser dispensado de asistir a las sesiones en las que su presencia no sea estrictamente necesaria. Si los plazos del caso transcurren como hasta ahora -ocho años han pasado entre la denuncia de la Fiscalía y el comienzo del juicio- es poco probable que recursos mediante Millet ingrese en la cárcel, que ya ha pisado dos veces en su vida por muy breves lapsos de tiempo. Dos semanas en prisión preventiva en 1983 acusado de falsedad en el caso de la inmobiliaria Renta Catalana; y otras dos en 2010 por el caso del Hotel del Palau, un asunto de tráfico de influencias relativo a una parte del expediente y del que resultó absuelto hace un año.

Desfile de altos cargos

El interés se centra en las consecuencias que pueda tener para Convergencia el primer juicio por el 3% cuando todavía está en fase de instrucción el sumario que instruye el titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell, nuevas comisiones de CDC, en las que un empresario ha implicado al propio Artur Mas.

Entre los testigos citados hay tres exconsejeros de la Generalidad, los convergentes Felip Puig y Pere Macias y el socialista Joaquim Nadal, altos cargos de la administración autonómica, Andreu Viloca, otro exgerente de CDC investigado en la última rama del 3%, el exdirigente del mismo partido Jaume Camps, a quien se cita como testigo porque su participación en los hechos habría prescrito, y Ángel Colom, el exdirigente de ERC ahora en CDC, a quien Millet ayudó a cancelar las deudas del Partit per la Independència que fundó con Pilar Rahola.

Una selecta representación de la política catalana pasará durante los próximos meses por los juzgados para responder a las preguntas de los abogados defensores y del fiscal Emilio Sánchez Ulled, el mismo que se enfrentó a Artur Mas en el juicio por el 9-N en el TSJC. Queda vista para sentencia la causa sobre Francesc Homs en el Supremo, pero el vía crucis judicial convergente continúa y aumenta el volumen de las descalificaciones a jueces y fiscales por parte del frente separatista. Ahora ya no se trata de un juicio por poner las urnas, como han alegado los nacionalistas por las vistas en el TSJC y el Supremo, sino por poner el cazo.