Mariano Rajoy no se cansará de tender la mano al Gobierno catalán, de abogar por el diálogo para reconducir la situación, pero promete responder ante la posible convocatoria de un referéndum ilegal. "No voy a disponer de la unidad de España ni a liquidar la soberanía nacional y la igualdad de los españoles", avisó este mismo martes. Soraya Sáenz de Santamaría, que pilota la operación deshielo y estrenó despacho en Barcelona esta legislatura, se sumó a esta advertencia: la consulta es "exactamente igual de inconstitucional" se intente celebrar antes o después.
En opinión de Moncloa, ambos mensajes, el de la negociación y el de la firmeza, son compatibles. Rajoy no quiere ser acusado de romper puentes y de ahí que se declare proclive a una reunión con Carles Puigdemont, aunque lleve semanas sin ponerle fecha, y repita que Cataluña ha de sumarse a la próxima negociación del modelo de financiación autonómica, cuyo comité de expertos será aprobado en el Consejo de Ministros del próximo 10 de febrero. "Todos quedamos retratados", sostienen fuentes gubernamentales, en relación a los desplantes de la Generalidad.
Así, el Gobierno seguirá auxiliando económicamente a Cataluña, Santamaría no cejará en su trabajo de campo en la región y los ministros se verán con los consejeros del ramo para tratar las cuestiones relativas a su cartera. Pero, en caso de referéndum, se activarán los mecanismos del Estado oportunos, según el aviso de la Moncloa. "No habrá referéndum en Cataluña. Más claro no se puede decir", en palabras de Íñigo Méndez de Vigo. "El PP no va a pasar ni una", zanjó este lunes Pablo Casado, después de que Génova decidiera elevar el tono tras las revelaciones de Santiago Vidal y las amenazas del gabinete de Puigdemont.
La contundencia del discurso no admite dudas, pero ni Rajoy ni nadie se su gabinete incluye en sus declaraciones una explicación sobre qué hará el Gobierno en caso de que Puigdemont consuma su desafío y convoque a los catalanes. Hasta la fecha, la respuesta de Moncloa ha sido acudir al Tribunal Constitucional, que siempre le ha dado la razón. "Ningún español puede ser privado de su derecho a decidir lo que quiere que sea su país" y España "es lo que digan todos los españoles y no lo que digan unos cuantos", razonó el presidente, en un homenaje a la fallecida Rita Barberá celebrado en la FEMP.
El jefe del Ejecutivo dejó claro que no hay manera legal de que la Generalidad acceda a los datos fiscales de los catalanes, y reiteró que espera que el desmentido de la administración regional sea real. "No tengo por qué ponerlo en tela de juicio, pero sinceramente creo que necesitamos en la política española un poco de mesura, sensatez y sentido común porque este espectáculo que hemos visto es ciertamente lamentable", remató. Para Santamaría, el problema es que el Gobierno catalán "baila al son de la música de la CUP" y pidió a Oriol Junqueras, con el que tiene una interlocución directa, "que vuelva a la senda de la Constitución".
Después de atender a los periodistas en la sede de la FEMP, Rajoy almorzó en un restaurante en la plaza mayor de la capital junto a María Dolores de Cospedal y varios alcaldes de su partido.