La Fiscalía investiga si la Generalidad tiene datos fiscales ilegales

La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto diligencias para investigar las declaraciones de Santiago Vidal sobre el raudal de irregularidades que estaría cometiendo el Gobierno catalán –también en el plano interno– como parte de lo que denominan proceso de desconexión. La Fiscalía General del Estado, máxima instancia del Ministerio Público dirigida desde el pasado noviembre por José Manuel Maza, ha ordenado a José María Romero de Tejada, su representante autonómico, que estudie la veracidad de la tesis. El ya exsenador bajo las siglas ERC, forzado este viernes a dimitir, desveló que el Gobierno de Carles Puigdemont dispone de la información fiscal de los catalanes, además de 400 millones de euros para la ruptura camuflados en los presupuestos. "De ser ciertas" estas manifestaciones, recoge la FGE en una nota, "supondrían una grave vulneración de los derechos de los ciudadanos". En este sentido, interesan actuaciones "en defensa de la legalidad, del respeto a las instituciones constitucionales y en tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos".

Santiago Vidal agitó los ánimos en una serie de conferencias celebradas desde noviembre de 2016. Hablaba desde su condición de senador, profesor de Derecho Penal, exportavoz de la asociación Jueces para la Democracia y magistrado de Audiencia Provincial de Barcelona hasta que el Consejo General del Poder Judicial le suspendió en febrero 2015 de empleo para los próximos tres años por redactar un borrador de una hipotética constitución catalana. Las palabras textuales de Vidal quedaron recogidas en las memorias de aquellas comparecencias: "En este momento, el Govern tiene todos vuestros datos fiscales –de los catalanes asistentes–. ¿Esto es legal? Pues no. Está protegido por la Ley de Protección de bases de datos del Gobierno español. Pero tontos no somos". Una versión difícil de probar, como él mismo reconoció: "Ya sabemos que no nos facilitarán la información de manera voluntaria. Y esto sirve para el censo electoral y tantas y tantas cosas. Estáis todos fichados", explicó a los espectadores con una sonrisa.

Fue más allá. El exsenador desveló una supuesta "partida camuflada de 400 millones" en los Presupuestos del Gobierno catalán destinada a la celebración del referéndum y a la creación de estructuras para la separación. Y se atreve con la manida hoja de ruta: "Lo primero que hará el Tribunal Supremo de la República Catalana dentro de un año o año y medio es archivar todas las causas del 9-N" y existirá una pensión mínima que "estará fijada en 1.000 euros". En relación al plano internacional, "11 Estados europeos reconocerán a Cataluña el día siguiente del referéndum", "un Estado no europeo muy solvente" le prestará dinero y se está trabajando en una unidad de los Mossos d'Esquadra "en materia antiterrorista y de contraespionaje". Para más inri, afirmó la existencia de un preacuerdo secreto entre la Generalidad y la OTAN para que una Cataluña independiente se mantenga dentro de la organización.

Maza ha justificado la investigación porque "hay que ver qué hay detrás". El máximo representante del Ministerio Público ha explicado esta maniobra: "No es nada más que lo que dije desde el primer momento de mi toma de posesión: manifestar que la Fiscalía está con el Estado de Derecho y el cumplimiento de la Ley. Que luego estas declaraciones den lugar a un procedimiento o no dependerán de la investigación pero en principio teniendo noticias de esa posibilidad nosotros estamos para proteger los derechos de los ciudadanos españoles en Cataluña y en cualquier lugar de España". En el mismo acto el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha calificado de "preocupantes" las manifestaciones hechas por Vidal.

Los rupturistas en bloque han salido en defensa de su proyecto, incluso desde el propio partido al que pertenece Santiago Vidal. El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha manifestado que este testimonio "no se ajusta a la verdad". También las consejerías de Interior y Justicia han desmentido la versión y la portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, la calificó de grave. Por su parte, Ciudadanos pidió una "comparecencia urgente" de Puigdemont para explicar el caso y Cataluña Sí Se Puede, es decir, Podemos, pretendió una ponencia parlamentaria del vicepresidente Oriol Junqueras.