Algún sabio advirtió de los riesgos que tienen hasta las buenas ideas cuando se llevan a sus últimas consecuencias. La cautela adquiere vigencia ante unas declaraciones realizadas por la vicepresidenta del Gobierno el pasado lunes en la COPE. Preguntada si consideraba un error que el Partido Popular hubiera recogido firmas para apoyar el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto que impulsaban en aquellos días José Luis Rodríguez Zapatero y Pasqual Maragall, la vicepresidenta contestó con un conciliador reparto de responsabilidades, indicando que el error de PP y PSOE fue no ponerse de acuerdo previamente sobre el nuevo Estatuto.
En este caso la buena idea -apurar las posibilidades de diálogo en Cataluña- no debería llevarse al extremo de prescindir de una historia reciente en detrimento de las posiciones que el Partido Popular adoptó en su compromiso con la Constitución y de la movilización de sus militantes. Ese compromiso incluyó en su día la acción ante el Tribunal Constitucional frente a un Estatuto cuyos promotores sabían que ofrecía motivos claros de inconstitucionalidad.
En ese cuidado reparto de responsabilidades con los socialistas, PP también debería haberse esforzado más. De nuevo el PP y sus carencias. Y de nuevo, esa tendencia en el Partido Popular a asumir el relato que hacen de él sus adversarios. El PSOE de Zapatero consiguió que muchos en el PP se creyeran que eran ellos y no el extremismo ideológico de aquel "nuevo PSOE" los que "crispaban". De ahí, a la derrota de 2008 que generó un sentida autocrítica, silenciosa pero intensa, por la oposición que el PP había mostrado frente a la negociación política del gobierno socialista con ETA bajo esa distracción que se llamó "proceso de paz". Resultó que el PP no sólo crispaba sino que, además, era enemigo de la paz. Lluvia fina o torrentera, la descalificación volvía a permear.
Ya en el poder, el Gobierno del PP asumió su etiqueta de desalmado recortador, con gesto de resignación, entre apelaciones a la ética de la responsabilidad y a los dictados de Bruselas. El Gobierno que había elevado los impuestos como nunca antes en España, haciéndolos recaer especialmente sobre su base electoral, pasaba por reaccionario a ojos de los progresistas cuyo gran referente, Rodríguez Zapatero, había llegado a afirmar que bajar los impuestos era de izquierdas. Aún hoy hay quien se sorprende de la simple cuenta que pone de manifiesto con toda evidencia que han sido los impuestos y no el recorte de gasto lo que se ha llevado el grueso del ajuste fiscal de los últimos años.
Hay más. Cuando los datos debidamente corregidos dan cuenta de que la desigualdad –no confundir con la pobreza- apenas ha aumentado durante la crisis, algunos portavoces gubernamentales o confunden conceptos o parecen aspirar a congraciarse con los prescriptores de la izquierda hablando de un aumento de la desigualdad "escandaloso" que no se ha producido.
Quedaba Cataluña y la exigencia de que el Partido Popular expiara lo que la izquierda y el nacionalismo -que maridan tan bien-, por increíble que parezca, han conseguido convertir en el acontecimiento crítico, en el punto de inflexión histórico que abrió las compuertas del independentismo: pedir firmas en la calle para apoyar un recurso de inconstitucionalidad. De ahí la culpa asumida y la autocrítica: en vez de pedir firmas en la calle, el PP debería haberse esforzado más –al parecer no lo hizo con suficiente dedicación- para llegar a un acuerdo con el PSOE sobre el nuevo Estatuto.
Ocurría, sin embargo, que el maridaje de izquierda y nacionalistas en Cataluña se había plasmado en un pacto firmado con pompa y solemnidad en el salón del Tinell de la Generalidad. Un pacto que se basaba precisamente en excluir al PP de todo acuerdo. Será fácil recordar cuántas enmiendas presentó el Partido Popular, pero más fácil aún cuántas fueron aceptadas en el curso de la tramitación del proyecto: ninguna. Así que el acuerdo con los socialistas no parece que fuera cuestión de esfuerzo. Fue una posibilidad vetada por quienes hicieron un Estatuto con plena conciencia de su inconstitucionalidad y con el objetivo de asentar, en Madrid y en Barcelona, un proyecto de poder que prolongaría la mayoría de Zapatero y el tripartito catalán sobre la base de la exclusión del Partido Popular.
Por un elemental sentido histórico y de fidelidad a los hechos, que no están reñidos con la voluntad conciliadora, si se habla de las firmas que se recogieron en aquellos días, hay que recordar que para firmas, las que se estamparon en el ‘pacto del Tinell’.