La Junta ocultó informes que discutían el funcionamiento de su Administración paralela

Los informes emanaron de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, dejaban en entredicho, según subraya el blog El Demócrata Liberal, la reordenación del sector público y su administración paralela abordada por José Antonio Griñán, mediante un decretazo en 2011, convertido después en Ley.

A causa de las consecuencias prácticas de esas normas jurídicas impulsadas por el PSOE, UGT y CC.OO. pero apoyadas asimismo desde Izquierda Unida, Ciudadanos e incluso por el PP, altos cargos de la Junta podrían haber incurrido en la comisión de presuntos delitos de prevaricación y usurpación de funciones, a sabiendas del contenido de unos informes que fueron ocultados.

En estos informes se negaba que personal contratado por la Junta al margen de los procedimientos que rigen para los funcionarios, pudieran actuar en calidad de tales, algo que se ha venido haciendo sistemáticamente. De hecho, la imputación del actual alcalde de Granada, Francisco Cuenca, se debe a estas prácticas irregulares de nombramientos y otorgamiento de funciones administrativas a personal no adecuado.

Es más, muchas de las Agencias conceden subvenciones con "interventores" que no son funcionarios, es decir, sin fiscalización previa, incumpliendo la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Por ejemplo, la empresa pública VEIASA, que realiza los controles de comprobación e inspección técnica de vehículos, lo hace con personal no funcionario -antes lo era-. Precisamente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado parte de un Decreto de la Junta que otorgaba a dicha sociedad esas funciones públicas -esta cuestión está pendiente de sentencia del Tribunal Supremo-.

Ocultación de dos informes de la Junta

El Demócrata Liberal ha destapado que hubo dos informes de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, perteneciente al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, suscritos por la Letrada Jefe, Araceli Morato Pérez, y fechados a 22 de febrero y 1 de marzo de 2011.

En dichos informes silenciados por la Junta de Andalucía se establecían unos límites definidos para las actuaciones del personal laboral de los entes instrumentales de la Junta de Andalucía –y del propio personal laboral de la Administración General -, límites que han sido incumplidos una y otra vez en dichos entes instrumentales -Agencias, Fundaciones, Sociedades Mercantiles, etc.- durante muchos años con conocimiento de los órganos directivos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de otras Consejerías.

En el informe de 22 de febrero de 2011, "relativo al tratamiento que debe darse a las potestades públicas en los estatutos de las agencias afectadas por la reordenación del sector público", destinado a todas las Consejerías afectadas por entes instrumentales, se concluía que no se pueden otorgar de forma generalizada potestades administrativas a sectores o ámbitos de actuación, sino que hay que descender a cada puesto de trabajo concreto…para poder aplicar a cada uno las posible funciones, según ley y no meramente según disposiciones reglamentarias.

Sin embargo, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con una Resolución de la Dirección Gerencia, de 24 de enero de 2012, dejó en manos de las Jefaturas de Servicio, de las direcciones de las oficinas del SAE y puestos asimilados, la atribución de funciones propias de funcionarios a su personal laboral.

En el segundo informe, de tres páginas y complementario del anterior, se reserva exclusivamente a los funcionarios todos aquellos "actos de voluntad que obliguen a los particulares, en el sentido de que se pueda exigir su obediencia, o si no se obedecieran forzarse a conformarse a ello", o lo que es lo mismo, todos los actos que sobrepasan el ámbito del Derecho común, "con privilegios y poderes coercitivos que obligan a los ciudadanos".

El primero de los informes ocultados fue solicitado por la Secretaría General para la Administración Pública, cuyo titular fue Manuel Alcaide Calderón durante el periodo comprendido entre el 9 de noviembre de 2010 y el 26 de junio de 2012.

Tal informe tuvo que ser conocido por la Comisión General de Viceconsejeros, presidida por la titular de la Consejería de la Presidencia, cuando se debatieron los distintos Estatutos de las Agencias Públicas Empresariales que fueron después aprobados por distintos Decretos del Consejo de Gobierno que otorgaron potestades administrativas al personal de dichas Agencias, que se regía exclusivamente por el Derecho laboral según la propia Ley de Administración de la Junta de Andalucía.

En los últimos años han desempeñado la presidencia de la Comisión General de Viceconsejeros Mar Moreno (22/03/2010 - 05/05/2012), Susana Díaz (07/05/2012 - 07/09/2013) y Manuel Jiménez Barrios desde el 09/09/2013, y la Presidencia de la Junta José Antonio Griñán (23/04/2009 - 07/09/2013) y Susana Díaz desde el 07/09/2013.

¿Son nulos estos actos administrativos?

Como destaca El Demócrata Liberal, disposiciones y actos que hayan incumplido la legislación vigente sobre las funciones del personal laboral, podrían ser anulados. Además, si tales disposiciones y actos se perpetraron a sabiendas de la existencia de dichos informes de la propia Junta de Andalucía, podría estar ante presuntos delitos de prevaricación.

Esto es, los centenares de millones de euros en subvenciones y ayudas que se tramitaron con un personal que presuntamente usurpaba las labores propias de funcionarios y otras autorizaciones, reintegros de ayudas públicas, daciones de fe pública, registro de documentos, etc., efectuada por ese personal no funcionario no han mantenido "las notas de objetividad, imparcialidad e independencia" que exige el Tribunal Comunitario, refiriéndose a la Unión Europea.

Por ejemplo, un hecho escandaloso, que aún no ha sido investigado por la Fiscalía General de Andalucía, fue la modificación en 2014 de los Estatutos de la Agencia Idea, siempre en todas las salsas de las irregularidades en Andalucía. Se trataba, con tal modificación, de otorgar potestades administrativas a personal laboral.

La Letrada de la Junta, Tatiana Ayllón Vidal de Torres, ocultó al TSJA en la contestación a la demanda presentada por la asociación de funcionarios Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública la existencia de dichos informes, así como la naturaleza de la vinculación laboral del personal directivo de la Agencia IDEA, denuncia el mencionado digital.

Igualmente, en el recurso contra la modificación de los Estatutos de la Agencia Andaluza de la Energía, la también letrada de la Junta, Helena García Rodríguez, ocultó igualmente en la contestación a la demanda, suscrita el 17 de mayo de 2016, la vinculación de los directivos con la Agencia mediante contratos de alta dirección, de naturaleza laboral.

En este caso, incluso se equiparaba el nombramiento de un Director General de una Consejería con el del Director Gerente de la Agencia, diciendo que ambos eran nombrados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Ocultaba, pues, que el director de una Agencia "paralela" firma un contrato laboral mientras que el Director General de la Junta se rige por el Derecho Administrativo.

Susana Díaz conocía estas ilegalidades

La Cámara de Cuentas, controlada por los grandes partidos desde su puesta en marcha a finales de la década de los 80, tuvo conocimiento en el caso de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, en 2011, de que su personal laboral ejercía potestades administrativas.

El gobierno de Susana Díaz conoce naturalmente que agencias públicas empresariales como IDEA, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia Andaluza de la Energía, Agencia de Servicios Sociales y de la Dependencia, etc., de la Junta de Andalucía, que manejan cientos de millones de euros de los presupuestos andaluces, están actuando al margen de la Ley con su personal laboral.

Incluso la Fiscalía general de Andalucía, que tuvo conocimiento del tema por una denuncia, archivó el caso porque, dijo, no le estaba permitido abrir lo que llamó una "causa general" contra la Junta de Andalucía. Sin embargo, Los hechos han demostrado que la "generalidad" de la causa ya está en los numerosos juzgados que instruyen estos casos.

La Junta, organizada administrativamente con un tinglado dual, el oficial y legal y un tinglado paralelo donde la arbitrariedad y la discrecionalidad campan por sus respetos, ha permitido y sigue permitiendo que el personal laboral de muchos de esos entes instrumentales -Agencias, Sociedades Mercantiles, etc.-, incluido el personal directivo con contrato de alta dirección, sigan ejerciendo funciones que no pueden realizar, incluida la gestión de los fondos procedentes de la Unión Europea.