El frente separatista catalán teme que al Gobierno no le quede más remedio que aplicar el artículo 155 de la Constitución y suspenda la autonomía ante la escalada de desobediencia entre los cargos electos catalanes, ya sean concejales, expresidentes de la Generalidad o presidentas del Parlament, como es el caso de Carme Forcadell, investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobediencia y prevaricación.
Consideran que se está produciendo una ofensiva del Estado, que el Gobierno manipula a jueces y fiscales y que existe una "Operació Catalunya" dirigida por el Ministerio del Interior para cargarse el denominado "proceso". Ante tales circunstancias, la Associació de Municipis per la Independència (AMI), dirigida por la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, la convergente Neus Lloveras, ha anunciado este miércoles la creación de una "asamblea de cargos electos" en la que pueden acreditarse los 9.283 cargos electos catalanes, que se reparten de la siguiente manera: 135 diputados en el parlamento regional, 47 diputados en Madrid, 16 senadores, ocho eurodiputados y el resto, 9.077 personas, alcaldes y concejales.
Quienes se inscriban recibirán un carnet, otra medalla independentista, que les dará derecho a participar en las reuniones políticas en caso de que el Gobierno suspenda la autonomía. Según Lloveras, se trata de llevar a cabo el referéndum comprometido por el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, a pesar de las iniciativas judiciales en contra. "Los cargos electos deben estar preparados y organizados" para esa contingencia y para ocupar el vacío institucional, añade la alcaldesa convergente.