La Fiscalía pide seis años de cárcel para Griñán y diez de inhabilitación para Chaves

Manuel Chaves y José Antonio Griñán participaron directamente del escándalo de los ERE. Lo detalla expresamente la Fiscalía en su informe de acusación: junto con otras 24 personas, en su mayoría del Partido Socialista, idearon un sistema de transferencias de fondos que logró desviar el dinero público del circuito habitual eludiendo los mecanismos de control por parte de la administración. De esta forma, las instituciones públicas IFA y Agencia Idea, ambas adscritas a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, se hicieron cargo del reparto de subvenciones con criterios a la medida de su gracia.

El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que instruye el escándalo maneja desde esta mañana el mencionado informe. La Fiscalía pide seis años de cárcel para Griñán por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación; y 10 años de inhabilitación para Chaves, al que atribuye únicamente prevaricación. Son 26 acusados en total, entre ellos exconsejeros como Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo o Francisco Vallejo. En el caso concreto del extitular de Empleo, José Antonio Viera, el Ministerio Público reclama ocho años de prisión y para la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, 10 años de inhabilitación. Son todos casos, como pueden comprobar en los enlaces, sistemáticamente narrados por Libertad Digital.

El Ministerio Público exige una indemnización en concepto de responsabilidad civil que, sumando todas las cantidades, alcanza la desorbitada cifra de 741.596.504 euros. Es el daño al patrimonio que habrían causado doce responsables de la concesión de ayudas sociolaborales, entre ellos Griñán, según la Fiscalía. Más de setecientos cuarenta millones de euros a devolver para tapar el enorme agujero en las arcas públicas del caso de los ERE.

Ayudas a dedo y sin límite

El documento de la Fiscalía profundiza en relación al denominado procedimiento específico. El sistema consistía en modificar los presupuestos de la Junta e introducir las transferencias de fondos con destino a la Agencia IDEA, dependiente del Instituto andaluz de Fomento. Después, la Consejería de Empleo gestionaba ese dinero a través de un órgano llamado Dirección General de Trabajo y Seguridad Social que ya no estaba sujeto a fiscalización o control ordinario. De esta forma, los acusados concedieron las ayudas sociolaborales sin atender a los criterios de necesidad y publicidad.

Ni siquiera fijaron un límite de dinero concedido a dedo, según se extrae del informe de acusación. Dado que poseían capacidad para modificar los presupuestos desde sus cargos políticos, las ayudas se pusieron en manos de la Consejería de Empleo que gestionó a su libre albedrío los fondos públicos. Concedían las transferencias a los beneficiarios que ellos mismos elegían vedando esta posibilidad a los ciudadanos o las empresas que realmente cumplían los requisitos al estar afectados gravemente por las consecuencias de la crisis.

"Personas que ni siquiera pertenecían a empresas accedieron a las ayudas, no fijando límites a la cantidad a percibir por los beneficiarios, favoreciendo solo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista de atender a situaciones de crisis empresarial", describe textualmente el Ministerio Público. La Fiscalía sostiene que esta gestión, realizada por los encausados pertenecientes a Empleo, era conocida por el resto puesto que se puso de manifiesto en los informes realizados por la Intervención andaluza desde 2002.