Tampoco el último recurso impedirá que Artur Mas se siente en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ni el expresidente ni sus dos exconsejeras, Irene Rigau y Joana Ortega. Porque la Sala de lo Penal de este órgano ha desestimado sus alegaciones al entender que las conclusiones de la instrucción se ajustan al Derecho. Es decir, que existen sólidos indicios de desobediencia y posibles delitos de prevaricación y malversación. Tal y como dictó el juez que dirigió la investigación, los tres habrían impulsado y consentido los procedimientos para garantizar la celebración de la consulta separatista del 9N de 2014 previamente suspendida por el Tribunal Constitucional.
Así que Artur Mas va a responder ante la Justicia por colmar sus capacidades con ambición separatista. Lo hará junto a Joana Ortega, su vicepresidenta en la Generalidad, y su consejera de Enseñanza, Irene Rigau. De acuerdo con la Fiscalía, el instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les imputa los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, para los que el Código Penal prevé penas de hasta siete años de cárcel con inhabilitación especial.
El TSJC ha sido especialmente contundente contra "ilustres comentaristas" del bloque rupturista que dicen que la causa del 9N "se halla instrumentalizada políticamente". Nada más lejos "por más que se repita en algunos foros", la causa se abrió por convocar la consulta, sino "por un presunto delito de desobediencia a una comunicación del Tribunal Constitucional".
El Tribunal Supremo conduce en paralelo la investigación a Francesc Homs, aforado nacional en calidad de diputado en el Congreso, por los mismos hechos y los mismos delitos. Los magistrados alcanzaron idéntica conclusión que el fiscal que condujo inicialmente las pesquisas: el portavoz de los separatistas de Democracia y Libertad "tuvo un comportamiento consciente e intencionado de indudable trascendencia" para garantizar la celebración de la consulta.
Participación de Mas en el 9N
Las conclusiones de esta investigación en su vertiente del TSJC subrayan que Artur Mas, entonces presidente catalán, "conocía desde el mismo día 4 de noviembre la providencia del Tribunal Constitucional por la cual debía dejar sin efecto la convocatoria del 9N". A partir de entonces, considera el juez instructor, el líder de los separatistas debía haber detenido todos los procedimientos para dar cumplimiento a la resolución del intérprete supremo de la Carta Magna, que también suspendió los actos de preparación del 9N.
Mas manifestó ante los medios de comunicación y en su declaración judicial que el proceso no se llevaría a cabo por la Generalidad sino por medio de voluntarios, de manera que el proceso quedaba en manos de particulares. Sin embargo, explica el juez, los indicios apuntan en una dirección contraria. Al parecer, "intervinieron contratistas privados contratados por el Gobierno catalán tras el día 4 de noviembre y en especial durante los días 7, 8 y 9 de noviembre, de manera que sin ellos el proceso participativo no hubiera podido llevarse a cabo". Se refiere concretamente al suministro de los programas informáticos para permitir la votación.
Por lo tanto, resume la investigación, Artur Mas "consintió y no paralizó los diferentes procedimientos de contratación, algunos de carácter tan evidente como la preparación de un centro de prensa en Montjuic para informar públicamente de los resultados, la fabricación e instalación del software informático o la difusión de contenido de la campaña institucional en los medios de comunicación, se comprometían recursos públicos de la Administración catalana".
Joana Ortega e Irene Rigau
La vicepresidenta Joana Ortega también actuó de cara a preparar y celebrar la consulta del 9N, en coordinación con Mas. Según el instructor de la causa, la también consejera de Presidencia "contrató un suplemento del seguro de accidentes para los voluntarios, la construcción de la página web y la arquitectura informática necesaria para que la jornada del 9N fuese operativa. De hecho, el juez cree que fue Ortega quien procedió "en el Centro de prensa internacional a dar publicidad a los resultados obtenidos". Ella declaró que el proceso estaba en manos de los 42.000 voluntarios, se autogestionaba y no era posible suspender el proceso.
Por último, la acusación a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, se basa en su trabajo conjunto con los jefes de los servicios territoriales. En base al escrito del juez, presionó para que que los directores de Instituto "cedieran los mismos para su apertura como puntos de votación en la jornada del 9N, a la par que posibilitó que en los mismos durante los días 7 y 8 de noviembre se instalaran los ordenadores, el software necesario y el material para poder proceder a la votación". Y ello, apunta el magistrado del TSJC, aún sabiendas de la prohibición expresa del Constitucional.