Tarragona es una ciudad libre, en principio, de la contaminación del proceso separatista en sus instituciones. En la capital gobierna el PSC con apoyo del PP. Los partidos constitucionalistas tienen mayoría en el pleno municipal, pero eso no es óbice para que los partidarios del separatismo campen a sus anchas en la administración y manejen los hilos de lo políticamente correcto en la comunicación local.
En las últimas horas, decenas de usuarios de la red social Twitter han mostrado su enojo y perplejidad ante el hecho de que el responsable de redes sociales del Ayuntamiento haya decidido bloquear a todos los usuarios que preguntan por la celebración de un acto propagandístico de la Assemblea Nacional Catalana. Cada vez que un ciudadano preguntaba por la agenda de la ANC o las facilidades dadas por las autoridades locales para las "performances" separatistas, el responsable municipal de comunicación bloquea la cuenta de Twitter de los disidentes, curiosos o preguntones.
Ese hecho se produce cuando la ciudad está bajo el gobierno del PP por las vacaciones del alcalde, el socialista Josep Félix Ballesteros. Así y durante unos días, Alejandro Fernández, el teniente de alcalde popular y dirigente del partido conservador en Cataluña, es el alcalde accidental y máximo responsable de una ciudad en la que la mayoría los ciudadanos no está a favor del proceso separatista que altos cargos locales fomentan por activa o por pasiva. En este caso se trata del bloqueo de usuarios que exigen explicaciones por los montajes de la ANC.
La cuenta en Twitter del Ayuntamiento tarragonés sólo utiliza el catalán y atribuye a los críticos del separatismo una falta de consideración, educación y respeto. Así, afirma en un tuit que en "TGNAajuntament se opina sin insultar, se debate sin menospreciar y habla la lengua que se quiera".
En cuanto al bloqueo de cuentas, el responsable de la comunicación en redes sociales sostiene que "apostamos por el diálogo, por eso bloqueamos a los usuarios que fomentan el menosprecio reiteradamente". Los usuarios afectados sostienen, en cambio, que son vetados por sus críticas al separatismo y a la actitud contemplativa del Ayuntamiento.