El PP denuncia a la juez Núñez Bolaños por no ser imparcial

El Partido Popular ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial a la magistrada María Ángeles Núñez Bolaños por una actuación exenta de imparcialidad en algunos de los macrocasos que lleva desde que se hizo cargo del juzgado que regentaba Mercedes Alaya.

La denuncia de los populares andaluces ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) subraya su "inobservancia en su deber de abstención". También señalan que sus resoluciones judiciales carecen de motivación suficiente y la acusan igualmente de revelar datos confidenciales sobre el caso.

Cuenta El Mundo que, ante la gravedad de estas acusaciones, el CGPJ se ha visto obligado a nombrar a un promotor que analizará la denuncia y decidirá si debe seguirse adelante con su tramitación o si debe archivarse.

El PP ya había venido mostrando su inquietud ante los comportamientos de la juez Bolaños desde hacía tiempo. El pasado mes de mayo se alarmó ante la limitación a 18 empresas de la investigación del caso de los avales, el tercer macrocaso, oscurecido por los ERE y el fraude de la formación. La Junta concedió 210 millones en avales entre 2008 y 2012 a diferentes empresas privadas, 143 empresas, a pesar de las irregularidades señaladas por la Intervención.

En plena campaña electoral, se filtró desde el juzgado de Bolaños que iba a archivarse en unos meses la pieza política del caso del fraude de la formación y el PP andaluz advirtió que presentaría un escrito al Consejo General del Poder Judicial para que se investigara el origen de la misma.

Además, este mismo mes de julio, los abogados del PP formularon una queja formal contra María Ángeles Núñez Bolaños, la titular del juzgado, "por inactividad lesiva en vía ordinaria". ¿Razón? Hace ocho meses que presentaron un recurso y la juez no ha contestado, lo que consideran un funcionamiento anormal de la administración de justicia. Recuerden que la misma juez tardó sólo un día en anular un auto de su antecesora sobre las imputaciones del ex consejero de la Junta, Ángel Ojeda, en el caso de la formación.

La Audiencia de Sevilla anula un auto de la juez

Por si fuera poco, Europa Press da cuenta de que la Audiencia Provincial de Sevilla ha estimado otro recurso del PP y ha declarado nulo el auto en el que la juez María Núñez Bolaños decretaba el archivo provisional de la pieza separada de la causa donde se investigan las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía que afecta a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

En su auto del 10 de marzo de 2016 la magistrada atendía la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y declaraba compleja la instrucción de la pieza de la Faffe al mismo tiempo que decretaba su sobreseimiento provisional. La razón aducida fue que se estaba a la espera de respuesta de la Dirección General de Formación para el Empleo que, como viene siendo habitual en la Junta, podría tardar mucho tiempo en producirse.

Es esta última decisión la que fue recurrida por el PP alegando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por "incongruencia" y "falta de motivación" del auto, donde la magistrada declara compleja la instrucción de esta pieza, "pronunciamiento que no cuestiona" el PP, al tiempo que decreta el sobreseimiento provisional.

Según la Audiencia, el sobreseimiento decretado "no está" fundamentado, pues "se ha limitado a declararlo 'conforme se interesa y en relación con el artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal'", por lo que "resulta obligada la declaración de nulidad" interesada por el PP, nulidad que no puede ser recurrida por vía ordinaria.

El PP pide investigar 45 entidades vinculadas al PSOE

El PP-A ha pedido a la instructora, la jueza María Núñez Bolaños, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigue todas las subvenciones concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a 45 entidades que cree vinculadas con cargos del Gobierno andaluz o del PSOE.

La Razón añade que el PP quiere, además, que se investigue “la relación” de los directores provinciales y ocupantes de altos puestos del SAE con “los accionistas, administradores de hecho o derecho o dirigentes de estas empresas” y “su conducta” en los procesos de concesión y justificación de las ayudas y reintegro, si lo hubo. Ello con independencia de que tras las pesquisas policiales se pudiera ampliar ese listado de entes o los hechos a considerar.

El PP subraya de nuevo en su escrito que el Ejecutivo regional “utilizó durante años las subvenciones para cursos de formación con el objetivo de crear y consolidar una red de 'clientelismo político' en torno” al PSOE y a la Junta, en línea con lo que "indiciariamente se puede extraer" de la instrucción de otro caso que puso en jaque al Gobierno autonómico, el de los ERE.

Con los fondos para la formación de ocupados y desempleados, la Junta, entiende el PP, "con la complicidad de los directores provinciales del SAE, creó una trama de empresas vinculadas a cargos" de la Administración y a socialistas, o "a socios y familiares suyos", que "recibieron una cantidad que se puede cuantificar en al menos 101.160.469,63 euros".

De ellos, "52.760.475,04 euros corresponden a las subvenciones recibidas por siete entidades" del ex consejero de Hacienda Ángel Juan Ojeda –investigado en el caso–,y los 48.399.994,59 restantes a otras 38 entidades ligadas a la órbita del PSOE o del Ejecutivo andaluz.

Por ejemplo, la Junta dio más de 1,1 millones a la autoescuela Virgen de Luna, que contó como socio fundador y trabajador el ex delegado de Empleo en Córdoba Antonio Fernández Ramírez; 933.000 a Aulacen Cinco SL, de la mujer del ex "número dos" del PSOE-A, Rafael Velasco, a la que se le asignaron 933.598,66 euros y 829.000 euros a Observa SCA, de la que afirma el PP que el actual delegado del Gobierno regional en Cádiz, Fernando López, "poseía un 25%", entre otros casos.

Sin embargo, el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, recriminó ayer a los populares por seguir "agarrando castillos en el aire" para mantener la "gran farsa" que han montado en torno a los fondos formativos, tesis oficial del PSOE andaluz.