El Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid ha culminado el penúltimo paso para que el Partido Popular se siente en el banquillo por el borrado de los ordenadores que utilizaba Luis Bárcenas como tesorero de la formación. Su titular, la juez Rosa María Freire, ha procesado a la formación en su condición de persona jurídica; a la actual tesorera, Carmen Navarro, al director informático José Manuel Moreno; y al responsable de los servicios jurídicos del PP Alberto Durán; como responsables de presuntos delitos de daños informáticos y encubrimiento. De acuerdo con el criterio de la magistrada, habrían ordenado la destrucción de los discos duros que, según Bárcenas, contenían información relativa a la supuesta contabilidad B del partido.
De alguna manera, la juez entiende que el Partido Popular ha mentido a lo largo del procedimiento. Según los miembros del grupo político que han comparecido en fase de instrucción, borraron los equipos en virtud de un protocolo de seguridad que ahora Rosa María Freire concluye que no existía de forma seria y rigurosa. Ese protocolo al que han hecho referencia, dice la instructora, no era conocido ni por los responsables ni por los trabajadores. Respecto del delito de encubrimiento, la magistrada considera que sabían de las diligencias sobre la presunta caja B que avanzaban en la Audiencia Nacional y aún así destruyeron aparatos que podían albergar datos “muy relevantes” para la causa.
También desmonta otro argumento al que se había aferrado el PP: que ya se encontraron los ordenadores vacíos cuando accedieron al despacho de Bárcenas. Este extremo “no ha resultado acreditado”, sostiene la juez, y “es contrario a la lógica”. Por el contrario, Rosa María Freire califica el testimonio del extesorero como “coherente y firme, incluso meticuloso”, por lo que no existen razones para dudar de él. La magistrada deja ahora en manos de las acusaciones y la Fiscalía la posibilidad de pronunciarse por el archivo o la apertura de juicio oral, debiendo en el último escenario aportar escrito de acusación en un plazo máximo de diez días.
La demolición de los discos
Bárcenas ocupó a modo de despacho la denominada denominada sala Andalucía en la tercera planata del edificio sede del partido en la calle Génova, 13. Según establece la juez, “dicha sala era utilizada en exclusiva por Bárcenas, quien disponía de llave, cerrando durante su ausencia y no permitiendo su limpieza más que cuando él estaba delante y lo autorizaba”. Allí fue a donde trasladó sus dos ordenadores, personales y de trabajo: un Toshiba Libreto y un Apple MacBook Pro. De la versión de testigos e investigados se extrae que, en enero de 2013, cuando estalla el revuelo por los bautizados como “Papeles de Bárcenas”, responsables de PP prohibieron al extesorero acceso el acceso a esta oficina.
A partir de ese momento, añade Rosa María Freire en el auto, Bárcenas intenta recuperar sus efectos, incluidos sus ordenadores. Como no lograba rescatar sus pertenencias mediante conversaciones con Durán, se dirigió por burofax a su sucesora al frente de las cuentas de la formación, Carmen Navarro. Aquí se produce la primera entrada a la sala Andalucía con Bárcenas ya fuera del PP: Alberto Durán accede al despacho y ordena al director informático, José Manuel Moreno, que custodie los portátiles. El resto de los efectos, incluidos cuadros y un trineo, se embalan en 27 cajas.
Bárcenas interpone la primera denuncia en marzo de 2013 por el robo de sus ordenadores portátiles, pero este Juzgado madrileño la deniega porque “los bienes propiedad del denunciante están a su disposición y si quisiera reclamar otros, deberá acreditar su propiedad y utilizar otra vía para hacerlo”. El caso continúa con una orden que el último auto de procesamiento ubica en el mes de mayo: Alberto Durán comunica a José Manuel Moreno que aplique un supuesto “protocolo de seguridad y reasignación” en relación a los ordenadores portátiles intervenidos y de uso exclusivo de Bárcenas. Tal y como detalla la juez Freire, el borrado consistió en “la sobreescritura de los discos duros, hasta en 35 ocasiones, su posterior ralladura y por último los tiró a la basura”. Por supuesto, antes de que el extesorero accediera al contenido de los aparatos para salvar una copia.
El contenido, según Bárcenas
La magistrada se expresa en cuanto al destino de los dos equipos: “Respecto al Toshiba, el PP descartó su reasignación por obsoleto; y respecto al Apple…había sido formateado y no existía información que pudiera ser extraída, ni evidencia de su uso posterior. Fue el único disco duro entregado (a la justicia), puesto que el ordenador Toshiba fue entregado sin disco duro”. Según Luis Bárcenas, la computadora más antigua contenía información relativa a la financiación opaca del Partido Popular; y en el Apple, información personal relativa a sus viajes, pantallazos de correos electrónicos, agenda con reuniones de su antecesor en la tesorería, Álvaro Lapuerta, con donantes del partido, escaneados de diversos pagos de la supuesta contabilidad B de la formación, presupuestos detallados de campañas electorales, operaciones personales de cuadros, documentos visados por Lapuerta e información sobre sus cuentas en Suiza.
En cualquier caso, el procedimiento judicial con respecto a la posible contabilidad B u opaca del Partido Popular se libra en el Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional. El caso por un presunto delito continuado de falsedad contable, entre otros, contra Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta -y el PP como responsable civil- se encuentra pendiente de un juicio señalado para el próximo mes de octubre.
Génesis de la investigación
Las diligencias se incoaron en 2013 en virtud de un informe de la UDEF que recogía indicios de los delitos de daños informáticos y encubrimiento. El Juzgado de Instrucción nº32 de Madrid recoge el procedimiento tres años más tarde, en enero de 2016, después de un archivo y una reapertura del mismo. Entonces, la juez Rosa María Freire inició una ronda de interrogatorios que han conducido la investigación hasta este punto. Tomó testifical a Luis Bárcenas, su secretaria Estrella Domínguez y al jefe de seguridad de la sede del Partido Popular en la calle Génova, 13 (Madrid). También acudieron a Plaza de Castilla, en su caso en calidad de imputados, a la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, el responsable de los servicios jurídicos de la formación, Alberto Durán, al director informático José Manuel Romero Alarcón y al propio Partido Popular como persona jurídica. Tuvo la condición de investigado el antiguo jefe de los servicios informáticos de la formación, Javier Barrero, aunque en febrero de este año se sobreseyeron las actuaciones respecto a él por no resultar acreditada su participación en los hechos.
El Ministerio Fiscal interesó en abril un nuevo archivo de la causa al entender que no existían indicios de delito. Sin embargo, la acusación particular de Luis Bárcenas y las populares -Asociación Observatori de Drets Humans, Izquierda Unida y la asociación de Abogados demócratas por Europa se opusieron rotundamente al sobreseimiento.