La Junta boicotea la investigación del fraude de la formación

La obstrucción sistemática de la Junta de Andalucía a la investigación de la macrocausa del caso de la formación ha sido denunciada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por el Partido Popular. Sin embargo, la fiscalía da por buena la primera decisión de la juez María Ángeles Núñez Bolaños, que anuló el último auto de la juez Mercedes Alaya como instructora de los macrocasos y no encuentra delito organizado desde la Junta en las exoneraciones producidas en la formación (seguir recibiendo dinero subvencionado sin justificar lo realizado con anterioridad como marca la Ley).

Puede ser el primer paso del archivo de la causa "política" del gigantesco fraude, como pronosticó la juez Mercedes Alaya, para la cual era imposible que se hubiera permitido seguir dando dinero a quienes no justificaban los gastos de subvenciones anteriores sin que la Junta, globalmente, lo hubiera permitido a través de sus órganos. Recuérdese que recientemente la decisión de archivar esta pieza fue filtrada desde el propio juzgado de instrucción número seis de Sevilla cuya titular es María Ángeles Núñez Bolaños, que no desmintió la noticia.

La obstrucción de la Junta, denunciada

La UCO, en un escrito del pasado 4 de julio, le dijo a la juez Bolaños que la Junta de Andalucía obstruye la investigación de la formación con el retraso en la entrega de la documentación dado que el tiempo es esencial para la eficacia de las mismas. Por ello, pide a la juez que reitere a la Junta sus requerimientos.

La UCO, en su escrito, recuerda a la actual instructora que para confirmar o descartar los indicios encontrados por la juez Alaya es necesario disponer de los expedientes de los algunos beneficiarios de las ayudas de la Junta, como el ex número dos del PSOE andaluz, Rafael Velasco; el ex consejero de la Junta, Ángel Ojeda; José Fernández de los Santos, alto cargo del PSOE de Andalucía que dirige Susana Díaz y otros empresarios.

De Velasco, cuenta La Razón, dice que la UCO no ha recibido ningún informe de la Junta a pesar de tres oficios del juzgado reclamándolos. El silencio obstructor de la Junta hizo que la juez Bolaños sobreseyera provisionalmente la pieza centrada en Velasco para que el boicot de la Junta no lograra que los tiempos siguieran corriendo.

Tampoco se sabe nada sobre los expedientes de los empresarios José María Pérez González y José Sivianes. Del primero, que se llevaba un 20 por ciento de cada curso como beneficio empresarial, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha confirmado que sus empresas incumplieron los requisitos exigidos para la concesión de subvenciones formativas. Del segundo, que investiga además el juzgado número tres, la documentación no termina de llegar.

En el caso del ex consejero Ojeda, la UCO dice tener constancia de que la Junta ha examinado sus expedientes, asevera en su oficio, pero no ha remitido sus conclusiones ni los expedientes de reintegro tramitados por la Junta.

Tampoco ha recibido datos sobre la ex sociedad de Fernández de los Santos. La UCO subraya que tampoco ha logrado obtener una copia de los expedientes de reintegro de los fondos asignados a los sindicatos UGT y CC OO y a la CEA, "principales receptores de subvenciones" para "Formación Profesional para el Empleo (FPE)" gracias a un "procedimiento de 'adjudicación directa'".

Por si fuera poco, no ha recibido una relación de todas las resoluciones de exceptuación de justificar los gastos en plazo publicadas entre los años 2007 a 2013, para poder "identificar" a las mercantiles bajo sospecha incluidas en ellas en ese periodo.

Tampoco cuenta la Guardia Civil con los informes de actuación que la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) hubiese elaborado a raíz de las actuaciones practicadas "con ocasión de los informes especiales" correspondientes a los fondos repartidos por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre 2009 y 2012 y otros documentos relevantes.

Sin embargo, la Junta afirmó en un comunicado haber entregado el grueso de los informes y el resto de peticiones se cumplirá "en el plazo de tiempo más breve posible, compatible con el necesario rigor". Es más, extrañamente, la Junta afirma que muchos de estos documentos ya están en el Juzgado de modo que si nos los ha recibido la UCO será porque no se los han entregado.

Las denuncias del PP andaluz

Coincide el PP andaluz con la UCO en la creencia de que existe un "torpedeo" de la investigación judicial y policial por parte de la Junta como una estrategia de dilación perpetrada como modus operandi.

Siguiendo a la Guardia Civil, cuenta ABC que el PP reitera a la juez que reclame a la Junta documentación sobre los entramados empresariales del ex consejero andaluz Ángel Ojeda y del ex vicesecretario general del PSOE, Rafael Velasco, considerando escandaloso y decepcionante ver cómo el Gobierno de Susana Díaz busca subterfugios para eludir la acción de la Justicia.

El PP recuerda que ya hace casi un año, en septiembre de 2015, la UCO solicitó información y que la conducta de la Junta busca "dilatar" en el tiempo la investigación y "eludir" su responsabilidad y los requerimientos de la juez.

Anticorrupción dispuesta a archivar el caso 

Lo ha hecho al considerar que no hay delito en las resoluciones que exoneraban justificar los gastos de subvenciones anteriores a beneficiarios de nuevas subvenciones de los cursos de formación y por ello, ha avalado, subraya el grupo Joly, la primera decisión de la juez Bolaños contra el último auto de la juez Alaya.

En concreto, Anticorrupción considera que la imputación consumada de los ochos delegados del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y de los jefes de servicio, además del ex consejero Antonio Fernández lo es "exclusivamente por el dictado de las denominadas resoluciones de exoneración en los expedientes de subvenciones, además de otras cuestiones de naturaleza administrativa y políticas". Pero niega que haya habido exoneraciones para los beneficiarios y aduce a procedimientos administrativos para explicar lo ocurrido.

Como ya hizo el juzgado filtrando la noticia del "archivo en unos meses" de la causa "política", el Ministerio Público señala que una vez “culminada la instrucción, se acordará sobre la misma", lo que ABC considera la apertura de la puerta que conduce al archivo de esta parte del caso de la formación.

Curiosamente la postura de la Fiscalía se ha conocido por un error de la propia Fiscalía, que se refiere a la impugnación de una providencia por parte del PP que no era la debida. Esto es, la fiscalía se equivocó de providencia, pero en su respuesta desvela su intención, más que probable, de solicitar el archivo de la causa política.

A pesar de que en la Comisión de Investigación, toda la oposición política andaluza vio indicios de graves irregularidades en las exoneraciones de justificación de los gastos de los cursos concedidas por la Junta, la Fiscalía no ve que el fraude masivo generado, como consecuencia, fuera decidido desde la Junta de Andalucía y parece desechar la tesis de la juez Alaya de que el fraude no pudo ser posible sin la coordinación de la Junta de Andalucía.