El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho este martes que espera que el diputado regional del PP Daniel Ortiz dimita cuando esté "formalmente" investigado, algo que cree que pasará "en cuestión de días". En declaraciones remitidas a los medios, ha señalado que será entonces cuando "tendrá que dimitir" para cumplir así con el primer punto del acuerdo por el que Ciudadanos permitió la investidura de la presidenta regional, Cristina Cifuentes (PP).
Este compromiso, recogido en el código ético que firmaron ella y todos los diputados de su grupo en la Asamblea, fuerza a dimitir a los parlamentarios del PP que acaben siendo investigados por un delito de corrupción. El portavoz de Ciudadanos ha manifestado su confianza en que Ortiz entregue su acta de diputado cuando sea citado a declarar en calidad de investigado.
"Espero que no tengamos ni que pedir su dimisión porque sea él mismo el que la presente, lo contrario pondría en riesgo el acuerdo de investidura y creo que sería una gran irresponsabilidad por parte del PP", ha concluido.
Cifuentes cree que Ortiz dimitirá
La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha asegurado que no es el momento aún de pedir a Daniel Ortiz que dimita como diputado de la Asamblea porque no se le investiga formalmente, y hay que esperar a que los tribunales decidan hacerlo, porque todavía pueden archivar el caso o pedir nuevas diligencias.
En declaraciones a los medios durante la presentación del Plan de Accesibilidad del Metro de Madrid, Cifuentes se ha mostrado convencida de que si finalmente Ortiz es investigado formalmente por corrupción, "sin duda alguna" el diputado cumplirá su compromiso de dimitir.
Ortiz, investigado por el TSJM
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado su competencia para investigar al diputado regional del PP y exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz Espejo por interceder y "presionar" para adjudicar a la empresa Cofely un contrato a cambio de comisiones por 746.000 euros dentro de la trama Púnica.
La Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid ha aceptado así la petición que hizo en ese sentido el juez instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, que considera que Ortiz -al que él no puede investigar por ser aforado- utilizó su condición de alcalde para influir para que la multinacional Cofely se hiciera con un contrato de 73 millones de euros para la prestación de servicios energéticos y de suministros en la localidad.
En el auto de admisión de la competencia, la Sala nombra instructora de esta causa a la magistrada Susana Polo García, a la que corresponderá ahora determinar si llama a Ortiz y a otros implicados a prestar declaración como investigados (imputados).
La decisión ha contado además con el voto particular del magistrado Jesús María Santos Vijande, que, si bien se ha mostrado a favor de asumir la competencia, cree que el juez Velasco debía haber remitido "mucho antes" la exposición razonada para que el TSJ abriera esta investigación.
El magistrado entiende que el instructor tenía ya "indicios consistentes" contra Ortiz el 20 de octubre pasado, por lo que posteriormente a esa fecha no tendría que haber tomado declaración como testigo a la persona que depositó los mensajes de correo, ni haber solicitado un segundo informe policial, fechado el 28 de marzo, "ni cualquier otra actuación posterior" sin "causa de una razón de urgencia o necesidad".
El juez Velasco pidió el pasado 11 de mayo al TSJM que abriera una investigación a Ortiz, al carecer él de competencia para ello por tratarse de un aforado y ante los indicios aparecidos de que el exalcalde influyó para lograr el citado contrato para Cofely "presionando continuadamente sobre empleados públicos y autoridades municipales, prevaliéndose de su posición como alcalde".
En esa resolución, Velasco detallaba que Ortiz tuvo "ánimo de lucro personal" con estos "actos de corrupción" en el concurso de suministro energético de edificios municipales y centros educativos de Móstoles, licitado en diciembre de 2013 y adjudicado unos meses después por importe de 73.143.434 euros en un periodo de 12 años.
Por estos hechos, el juez vio indicios contra Ortiz de delitos de fraude a la Administración Pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos y cohecho.
Además de a Ortiz, el juez dirigía sus sospechas al exconcejal de Medio Ambiente Alejandro Utrilla y a su hermano Mario, diputado regional en la anterior Asamblea de Madrid y antiguo alcalde de Sevilla la Nueva, los cuales "se erigieron como intermediarios-representantes en las negociaciones del cobro de dádivas".
Como prueba de ello, el juez incluía en su extenso escrito al TSJ conversaciones telefónicas entre las que destaca una que, a su juicio, "permite apreciar la participación del exalcalde Daniel Ortiz Espejo en la solicitud del pago de las comisiones acordadas, a pesar de que los investigados extreman las precauciones y en ningún momento citan su nombre".
Pese a ello, el juez destacaba una llamada entre Alejandro Utrilla y un empleado de Cofely de la que dice "se interfiere que se referían al alcalde" con el apelativo de "jefe" y en la que comentaban que si Cofely "quisiera tener una atención con él, un buen momento sería" el de un Congreso que se celebró en Barcelona y del que hay constancia de que entre los ponentes se encontraba Ortiz.
Según el juez, Ortiz recabó información de los funcionarios de cómo estaba transcurriendo la licitación del contrato, para luego dársela a Cofely y que consiguiera puntuar más que sus competidoras, Fulton y Dalkia. Presionó "especialmente" al concejal promotor del expediente, David Sánchez Rey, a quien llegó incluso a solicitar la interrupción del procedimiento de adjudicación.
Durante la tramitación del procedimiento, Ortiz puso en marcha "una dinámica de mensajes e intercambios de informes confidenciales que generaron un auténtico circuito paralelo encubierto de licitación, remitiendo subrepticiamente a los empleados de Cofely (...) documentos confidenciales de la oferta de un licitador competidor", relataba el juez.