El gran desconcierto del caso de fraude en Andalucía fue el anuncio, clandestino y oficial al tiempo, surgido del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla -cuya titular es María Núñez Bolaños- de que la pieza política del caso del fraude más importante ocurrido nunca tras el de los ERE iba a ser archivada en los próximos meses. El anuncio se produjo en plena campaña electoral aportando un alivio a Susana Díaz y las candidaturas socialistas de las pasadas elecciones del 26-J.
El caso Velasco
A este gran desconcierto, se están uniendo otros. Por ejemplo, cuenta El Mundo que la Audiencia de Sevilla ha obligado a la juez Núñez Bolaños, a reabrir la pieza separada en la que se investigan las ayudas al entramado empresarial del ex número dos del PSOE andaluz Rafael Velasco.
En un auto del pasado 28 de junio la Sección Primera ha estimado el recurso interpuesto por la acusación popular que ejerce el PP y tumba la decisión de la instructora de sobreseer provisionalmente la pieza, a la espera de que la Junta enviara la documentación pendiente y con la intención de que no corrieran los plazos para terminar la instrucción. Siendo este plazo de 18 meses por haber declarado la pieza de "especial complejidad".
Rafael Velasco era el número 2 de José Antonio Griñán en el PSOE andaluz y fue defenestrado a causa de su imputación por las subvenciones recibidas por empresas de su mujer. Como consecuencia de su dimisión, Susana Díaz se hizo con el control del PSOE y, por ende, de la Junta de Andalucía.
La división en nueve piezas separadas del caso
Como es conocido, la actual instructora, contra el criterio de su antecesora Mercedes Alaya -que profetizó el deslizamiento de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación hacia meras irregularidades administrativas si se troceaba el caso- acordó a fines del 2015 la división del sumario en nueve piezas.
El pasado día 29 de junio la Audiencia de Sevilla rechazó el recurso del PP contra el auto "divisor" de la juez Núñez Bolaños por estimar que contenía "el relato de hechos sucinto pero suficiente para delimitar tanto de manera objetiva como subjetiva el procedimiento en esta fase incipiente del procedimiento".
La Policía puede analizar la documentación de Ojeda
La neurona empresarial del ex consejero de la Junta, Ángel Ojeda, tras su sonada detención se trata de la documentación y archivos intervenidos en agosto de 2014 en la sede del grupo Prescal.
¿Por qué no se ha estudiado antes esta documentación? Porque el caso estaba provisionalmente sobreseído por la jueza Núñez Bolaños. Ahora, la Audiencia de Sevilla concluye- dando la razón al PP- que si es ajustada la decisión de la juez de tratar el caso como causa completa, no lo es su acuerdo de sobreseimiento provisional.
La Audiencia da la razón al PP y estima el recurso que presentó directamente en apelación esta acusación. La Sección Primera considera fundamentada la decisión de la instructora de declarar compleja la causa, pero concluye que "no lo está" el acuerdo de sobreseimiento provisional.
Núñez Bolaños, que investiga la macrocausa de los cursos de formación, ha acordado- según subraya el grupo Joly- en una providencia el "desprecinto y clonado" de los soportes informáticos intervenidos en la sede de Prescal. Este acto tendrá lugar mañana en el juzgado.
Se da cumplimiento así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó hace unos meses a la instructora la práctica de una serie de diligencias para impulsar la investigación, entre las que se encontraba el volcado y análisis de esta documentación intervenida hace casi dos años.
La Audiencia apoya la decisión de Alaya
En otro auto, la Audiencia ha avalado la decisión de la anterior titular del juzgado, Mercedes Alaya, de apartar a esta unidad policial de la investigación de los cursos de formación. Recuérdese que tanto la UDEF policial como la UCO de la Guardia Civil investigaban actualmente el caso.
La Junta de Andalucía había apelado ante la Audiencia la decisión de Alaya de apartar a la UDEF de la instrucción de los cursos por existir otras diligencias abiertas en otros juzgados andaluces. Para la Audiencia, Alaya se limitó a "suplir las negativas consecuencias derivadas de la doble intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, ante la aparente ausencia de criterios previos de coordinación puestos de manifiesto por la UCO con el fin de evitar la dispersión del resultado de la investigación y la documentación en el marco de las diligencias previas que investigaba con los límites establecidos en el oficio remitido, reclamando la entrega inmediata de lo actuado que guarde relación con las presentes actuaciones y que no estén judicializadas".
Es más, y en contra de la Junta, la Audiencia no cree que Alaya realizara una investigación "prospectiva". El cese ordenado a la Policía se refería "exclusivamente" a las diligencias que investigaba el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, "no a las que ya fueran competencia de cualquier otro juzgado" y fue acordado en un momento incipiente de la investigación, por lo que no consta acreditada una situación de indefensión "material real y efectiva determinante de una nulidad".