Maite Masià (Amposta, 1969) ya ha asumido la dirección de la Oficina Antifraude después de que el Parlamento catalán guillotinara a Daniel de Alfonso, el polémico magistrado cuyas conversaciones con el ministro del Interior, Jorge Fernández, están siendo publicadas por fascículos en el diario digital Público. Estaba sentenciado desde que el pasado jueves, en plena campaña electoral, la comisión de asuntos institucionales de la cámara regional intentara someterlo a un tercer grado frustrado.
De Alfonso se defendió como gato panza arriba y acusó a los parlamentarios de "hipócritas". También dijo que tenía fichas de todas las reuniones mantenidas con políticos y sólo salvó a la diputada de la CUP Anna Gabriel de un chorreo general que dejó a sus señorías entre estupefactas y escandalizadas. Todos los grupos, salvo el PP, pidieron su cabeza y se la han cobrado este miércoles, tal como estaba previsto, en un pleno ordinario.
Las intervenciones de los diputados en torno al caso del espionaje en Interior y las conversaciones entre el ministro y el juez en comisión de servicios en la Oficina Antifraude han sido particularmente duras. Le acusan de "negligencia grave", de "revelación de secretos", e incluso de prevaricación.
Polémica sucesión
Pero si la destitución ha sido casi unánime, el nombramiento de su sustituta, Maite Masià, no ha generado el mismo consenso. Masià fue hasta 2014 un alto cargo de Convergencia, directora del Instituto Catalán de la Energía hasta que hace dos años el propio De Alfonso la contrató como directora adjunta de la Oficina.
Su nombre aparece en el sumario del caso ITV, la adjudicación de las estaciones de inspección técnica de vehículos por el que un juez pide cinco años de prisión para Oriol Pujol, el hijo del expresidente que iba a suplir a Mas hasta que estalló en bloque el escándalo de las finanzas y negocios del clan familiar. Masià era una de las interlocutoras de uno de los socios de Oriol Pujol, Sergi Alsina, y aparece en las conversaciones grabadas con autorización judicial. También adjudicó al menos media docena de contratos sin concurso público a empresas de los Sumarroca, vinculados a los Pujol, y la de un hijo de uno de los consejeros de primera hora de Banca Catalana.
Además, su nota más destacada como mano derecha de De Alfonso fue un informe de su elaboración con el sello de Antifraude en el que exculpaba a Convergencia de financiación ilegal en el caso Palau, por el que aún se tiene que juzgar a Félix Millet y a Jordi Montull. Con ese precedente, Ciudadanos, Junts pel Si, la CUP y el PP se han opuesto a su nombramiento, que de momento es en funciones.