El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) y la Asociación Defiendo mi Derecho y la gestión pública habían vertido públicamente sus sospechas acerca de una nueva avalancha de enchufes de las Junta de Andalucía que podría llevarse a cabo con el apoyo expreso o tácito del PSOE y Ciudadanos.
Se trata de mutar a contratados a dedo que vagan por un "limbo administrativo" en empleados públicos de la administración andaluza. Esto es, hacer oficialmente empleados de la Junta de Andalucía a quienes no cumplieron las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública, como ya se denunció hace años cuando José Antonio Griñán puso en marcha el conocido como "decretazo del enchufismo" luego convertido en Ley.
Según el Sindicato de Funcionarios la vuelta a la modalidad de concurso-oposición no busca otra cosa que el afianzamiento del macrocolectivo de empleados de la llamada "administración paralela" -alrededor de 30.000 personas-, que accedieron al empleo público en circunstancias sospechosas por la ausencia de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en su contratación -. en claro agravio comparativo frente a las personas que acceden sin estos periodos laborales previos.
El Mundo cuenta este martes que la Junta ya ha dado un nuevo paso y tratará de que el Parlamento apruebe una solución para los más de 1.700 trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que, hoy por hoy, cobran sin tener funciones atribuidas ni tareas definidas.
Entre ellos están los más de 400 trabajadores readmitidos tras sentencias que anulaban su despido y que trabajaban en labores de empleo, como los 182 ex asesores laborales del plan Memta; los 74 agentes locales de promoción de empleo (ALPE) o los 167 de los consorcios escuela de formación integrados ahora en la Administración.
Pero el problema principal lo constituyen los 1.300 trabajadores procedentes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), que se integró en el Servicio Andaluz de Empleo, una de las "agencias" de la Junta través del polémico decreto del 'enchufismo' referido, después ya ley.
En la FAFFE el número de familiares y/o militantes y simpatizantes socialistas excedía todo posible tráfico de coincidencias desembocando en lo que era sencillamente una agencia de colocación al servicio del PSOE, como ya denunció Libertad Digital hace años.
Pero dado que no son funcionarios, la Consejería de Empleo no les puede atribuir funciones que están reservadas por ley a los funcionarios. O sea, de hecho cobran sin saberse si trabajan o no ni en qué lo hacen mientras los servicios de empleo carecen de personal funcionario.
Una disposición adicional tramposa
El pasado 25 de febrero PSOE y Ciudadanos aprobaron en el Parlamento andaluz, instar a la Junta a eliminar requisitos contemplados en la Ley General de Subvenciones y en la Ley de Hacienda Pública andaluza a los ayuntamientos, para que pudieran acogerse a los planes de empleo Empleo@Joven; Iniciativa @emprende+ y Emple@30+, aprobados en otro decreto ley de abril de 2014.
Pero subrepticiamente incluyeron una disposición adicional en el Decreto-Ley de la Junta del pasado 22 de marzo que se pretende convalidar mañana. En ella se permite la "participación del personal laboral en la prestación de servicios y desarrollos de programas" de las oficinas de empleo del SAE. Es decir, se les convierte de hecho en funcionarios al poder ejercer en calidad de tales.
Según ha explicado el presidente del SAF, Carlos Sánchez, el personal laboral de las administraciones se crea para los casos en los que no hay cuerpo funcionarial, como pueden ser los cocineros o los chóferes. Pero para el Servicio de Empleo existe el Cuerpo Superior Facultativo de Ciencias Sociales y del Trabajo.
Por tanto, el decreto que "se quiere convalidar atribuye a personal laboral potestades públicas que corresponden a un cuerpo de funcionarios, formado por trabajadores sociales. Se les intenta quitar esa función y además no se respeta el derecho de los ciudadanos a que esas funciones públicas se ejerzan por los garantes del servicio público, que son los funcionarios", explica. Y además, se hace por el método excepcional del Decreto-Ley.
Ciudadanos dice ahora que no saben si volverán a votar a favor de la medida con el PSOE, como hicieron con la proposición no de ley. "Lo tenemos que estudiar con detenimiento. Por un lado, no es sensato que haya personal cobrando sin trabajar. Pero por el otro, esta medida no estaba incluida en la proposición que votamos juntos y ha sido una sorpresa", explican
Casi 1.000 laborales a empleados públicos
La Junta va a convertir en empleados públicos a 963 laborales de una fundación y para conseguirlo va a utilizara la futura Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento. En su anteproyecto, cuela como empleados públicos subraya ABC, en una nueva agencia al personal de Andalucía Emprende.
Este es otra maniobra de usurpación de la función pública para un conjunto de personas que nadie sabe cómo entraron en esa Fundación. El proceso trata de convertir su macrofundación Andalucía Emprende en una agencia pública empresarial. El cambio de personalidad jurídica, recogido en el anteproyecto de la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 29 de marzo, es la madre del cordero de la operación.
Gracias a ese cambio, los 963 trabajadores que componen su plantilla dedicada a asesorar a emprendedores sobre la puesta en marcha de negocios, van a metamorfosearse en empleados públicos con potestades funcionariales.
Por ello, en el texto del anteproyecto se dice "el personal de la agencia se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público" y le reconoce "el ejercicio de las potestades públicas".
Por si fuera poco, permite a la nueva a la agencia "disponer del personal directivo que sus estatutos determinen" atendiendo a "la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas asignadas".
Pero el PSOE necesitará el apoyo de Ciudadanos, que tampoco sabe ni contesta, o de otro grupo para aprobarla. Los 963 empleados se incorporarán a la agencia "de acuerdo con las normas de sucesión de empresas", sin necesidad de someterse a procesos selectivos adicionales. Sólo saldrían a convocatoria pública los nuevos contratos.
Con el cambio legislativo, relata ABC, podrían ejercer tareas administrativas que desempeñan "de facto" bajo una regulación difusa, mediante las denominadas encomiendas de gestión o convenios, una fórmula cuestionada en sucesivas sentencias judiciales.
Desde 2009 hasta junio de 2015, Andalucía Emprende ha recibido ayudas por 310,7 millones de euros para financiar gastos de estructura y planes de subvenciones para fomentar la cultura emprendedora. Casi el 80 por ciento de sus gastos son gastos de personal.
El nuevo estatus de los trabajadores de la fundación pasó inadvertido en la presentación del anteproyecto que realizó hace justo una semana el consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, por cierto investigado judicialmente por la Fiscalía General de Andalucía.
Se oscureció la visión de lo que se pretendía relegando a los párrafos finales del texto el meollo del cambio de funciones de estos trabajadores, como ocurrió con el polémico precedente de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), que se integró en la agencia de régimen especial Servicio Andaluz de Empleo, al amparo de la ley de reordenación o del "enchufismo" en el año 2011.
Como recuerda ABC, el caudal de fondos públicos que recibe Andalucía Emprende causó asombro al juez de lo Social número 2 de Córdoba, Manuel Oteros. En una sentencia a favor del despido de un trabajador, el magistrado criticó "el dineral" que cuesta "al sufrido contribuyente" mantener un ente "ineficiente".