El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías ha anunciado que se acogerá a su derecho constitucional a no declarar en su comparecencia como imputado (ahora investigado) de este miércoles ante el juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y se ha quejado del "perjuicio injusto e innecesario" que le causará el consiguiente paseíllo.
En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Zarrías dice que el 4 de marzo ya solicitó al Juzgado que acordara no llamarlo a declarar porque ya prestó declaración ante el Tribunal Supremo dada su entonces condición de aforado respecto a los hechos objeto de instrucción, aportando entonces una copia de dicha declaración.
Según explica, este escrito de 4 de marzo "salía al paso" de la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción para que el juez Álvaro Martín llamara a declarar tanto al propio Zarrías como a otros exaforados, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, "justificando la aparente necesidad de tales declaraciones en la mejor defensa y garantía de los derechos de los investigados".
Diligencias "mediatizadas"
La defensa de Zarrías dice que "la garantía del derecho a la defensa no hacía preciso una nueva convocatoria a declarar, al menos en este momento". Entiende el exaforado y sus abogados que "en el contexto de unas diligencias penales enormemente mediatizadas y contaminadas por una repercusión pública desproporcionada, la sola convocatoria a declarar, con el consiguiente paseíllo, impondría a los llamados al Juzgado un perjuicio injusto e innecesario".
Por todo ello, en este escrito de 4 de marzo anunció que se acogería a su derecho a no declarar, "pero no tanto porque quisiera eludir respuesta alguna sino más bien porque ya había declarado con detalle todo cuanto sabía o podía aportar respecto a los hechos", punto en el que recuerda que la defensa de Griñán "presentó escrito en semejantes términos".
En este sentido, señala que el pasado 16 de marzo ya declararon como investigados los expresidentes Chaves y Griñán y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, indicando que, "tras reiterar que se remitían a las completas y exhaustivas declaraciones que ya habían prestado ante el Tribunal Supremo, nos encontramos con la sorpresa de que la Fiscalía, en un gesto insólito, quiso dejar constancia en acta de una serie de preguntas, a cuál más sesgada, pero realizadas a sabiendas de que los convocados habían decidido no contestarlas".
"Cuando el investigado anuncia que no va a declarar porque ya lo ha hecho, ¿qué sentido tiene dejar constancia en acta de una relación de preguntas, cuando ya se sabe que el interlocutor se va a acoger a su derecho constitucional de no contestarlas? ¿En qué precepto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se fundará tal iniciativa?", se pregunta el abogado de Zarrías en este escrito consultado por Europa Press.
A su juicio, "la lectura de los periódicos del día siguiente nos aclaró buena parte de nuestras dudas: las preguntas realizadas no irían dirigidas al investigado, que ya las había contestado en otra sede, sino de cara a la galería, tratando de trasladar a la opinión pública que aquel silencio respondería a una supuesta falta de colaboración con la justicia, y agravando de esta forma el deshonor y descrédito de quienes, injustificadamente, tuvieron efectivamente que volver a someterse a un nuevo paseíllo de insultos y denigración pública".
El abogado considera que, una vez practicadas las primeras declaraciones de "exaforados", el juez "podrá valorar cuál ha sido la utilidad procesal, el beneficio para el procedimiento, el impulso para el esclarecimiento de los hechos que se habría derivado de esta iniciativa de volver a llamas a Chaves, Griñán o Viera". "Ninguna. Al menos, no ha existido utilidad ni beneficio ni para la causa ni para los investigados", alega.
Por ello, solicita al juez que no permita que quede constancia en el acta de su declaración de las preguntas que, "aprovechando el silencio" del exconsejero, "las partes pretendan dirigirle", punto en el que indica que el Tribunal Supremo "ha señalado ya que la documentación de las preguntas que no van a ser contestadas supone violentar el derecho constitucional a no declarar".
La defensa de Zarrías, además, critica que en las declaraciones del 16 de marzo, y ante las protestas de algunas defensas, la Fiscalía "no se tomó la molestia de explicar el motivo procesal o la razón jurídica de dejar constancia de las preguntas, con lo que queda en el aire la duda de si con tal gesto se estaría tratando de utilizar el silencio de los investigados".
"Inútil"
Frente a ello, el letrado entiende que "del silencio del investigado no podrá derivarse ningún efecto ni consecuencia procesal, mucho menos cuando dicho silencio no supone una 'falta de respuesta' sino, por el contrario, obedece a que todas las respuestas ya han sido dadas, en una declaración en la que respondió a 145 preguntas a lo largo de 66 páginas de declaración, sin que tenga sentido reproducir un acto ya inútil".
En ese contexto, "dejar constancia de la pregunta es una completa inutilidad, sobre todo cuando quien pregunta ya sabe de antemano que el investigado no va a contestarle ni, por tanto, cuestionará lo absurdo o temerario de su formulación", pues "el hecho de permitir que se expongan tales preguntas tiene como única consecuencia que la diligencia de declaración del imputado se trastoque en una extraña vista cuyo único interés es permitir que el fiscal despliegue, ante el silencio inerme del investigado, un insólito informe de cargo extemporáneo e inútil, pero destinado a ser reproducido en los periódicos de toda España".
El juez ha citado a declarar este miércoles tanto a Zarrías como a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y al exconsejero de Economía, Innovación y Ciencia Antonio Ávila.