El enfrentamiento es total. Desde Bruselas, Mariano Rajoy aseguró que el Parlamento "no siempre tiene razón en todo lo que hace", y recordó que no hay precedente de que un Ejecutivo en funciones haya sido controlado por las Cortes en la historia de España desde 1977. "Nunca, jamás, póngame un ejemplo", se sumó Soraya Sáenz de Santamaría al término del Consejo de Ministros. El PP, rápidamente, también participó en la ofensiva.
Tanto en las formas como en el fondo, la vicepresidenta fue durísima con Patxi López, al que acusó de actuar al dictado de Pedro Sánchez. En la Moncloa daban por descontado que el encuentro este viernes entre el presidente del Congreso y José Luis Ayllón, el secretario de Estado de relaciones con las Cortes, sería un absoluto fracaso. De hecho, tras cuarenta y cinco minutos de reunión en el despacho del presidente de la Cámara Baja, ni Ayllón ni López cambiaron un ápice de sus posturas. Y de ahí que Sáenz de Santamaría llevara preparada una extensa y contundente respuesta para intentar dejarle en evidencia.
En síntesis, la portavoz de Rajoy acusó a López de intentar convertir el hemiciclo en una especie de debate televisado de precampaña con el único cometido de atacar al PP para desgastarle. "El mes de la oposición al PP", resumió Santamaría, no sin recordar que el control al Ejecutivo sólo se llevaría a cabo en el mes de abril, víspera de unos nuevos comicios, en caso de los actores políticos no lleguen a ningún acuerdo.
Según la versión de Moncloa, las intenciones de López, con el apoyo de todos los grupos menos el PP, no tiene ni pies ni cabeza. Así se lo dijo la propia vicepresidenta por carta. "Una cosa está clara, éste es un Gobierno en funciones y no tiene la confianza de la Cámara. No tenemos capacidad política", destacó, sacando a colación que el Ejecutivo ha tenido que ir al Congreso para consensuar la postura de España con respecto a los refugiados, por ejemplo. "No ha habido ni una sola actuación del Consejo de Ministros que no haya sido avalada por los oportunos informes", añadió, dando a entender que trabajan con las manos atadas.
Partiendo de esta base, llegaron las críticas a López. Primero, Santamaría le recordó que "la Cámara somos todos, incluidos los 123 diputados del PP". Y, a renglón seguido, le afeó que trabaje al dictado del PSOE. "Sánchez amenaza y López se suma", denunció, no sin reiterar una y otra vez que "hablamos de un mes, el mes de abril", que es el último para intentar formar Gobierno. "El día dos de mayo se disuelven las Cortes", recalcó, no sin preguntarse por qué se pide ahora y no antes que el presidente y los ministros se tengan que someter al examen parlamentario.
Según Santamaría, el mes de abril tendría que ser "conciliador" para intentar encontrar un acuerdo pero "quieren que sea el mes del conflicto institucional contra el PP". Lo repitió varias veces. "Nunca ha habido precedentes", reiteró una vez más. Mientras, desde la capital comunitaria, Rajoy aseguró que se informará en la sede de la soberanía nacional sobre el pacto UE-Turquía, pero en ningún caso precisó cómo y lamentó la insistencia de López. "Que hayan coincidió los argumentos del presidente del Congreso con los del PSOE demuestra bien a las claras su falta de neutralidad, han sido argumentos miméticos como los de dos hermanos gemelos", se quejó el PP, en voz de José Antonio Bermúdez de Castro.
López recurre al Constitucional
Por su parte, el presidente del Congreso también se mantuvo firme en su posición y avanzó que acudirá al Tribunal Constitucional ante el fracaso del diálogo. El presidente de la Cámara Baja insistió en que Gobierno en funciones debe rendir cuentas al Parlamento y defendió que la capacidad de control del Congreso "está intacta". Por ello y tras el infructuoso encuentro con José Luis Ayllón, consideró que "sería bueno que el Tribunal Constitucional aclarará esta duda a esta cámara, a las que puedan venir en el futuro y también para los parlamentos de las Comunidades Autónomas".
López aseveró que la vía del Constitucional es la más adecuada llegados a este punto, y consideró que no es "un fracaso de la política sino que es razonable, hasta el Gobierno debería acudir el Constitucional para aclarar esto". En este sentido, el presidente del Congreso apostó porque este asunto se incluya en el Orden del Día del próximo Pleno del Congreso. Algo, no obstante, que tendrá que decidir la Junta de Portavoces del próximo 29 de marzo.