El Gobierno sigue acudiendo al Tribunal Constitucional para parar los pies a las autoridades catalanas. Según informó Soraya Sáenz de Santamaría, el Consejo de Ministros ha dado instrucciones para recurrir ante el Alto Tribunal las funciones tanto de la denominada "consejería de Exteriores" de la Generalidad como de la comisión de estudios del "proceso constituyente" que en principio se creará en el Parlamento regional.
La vicepresidenta aseguró que esta decisión se adopta tras tras estudiar los correspondientes informes presentados por los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y de Justicia.
En cambio, no se actuará contra Carles Puigdemont por la fórmula que empleó para tomar posesión. En rueda de prensa, Sáenz de Santamaría explicó que, aunque la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece la obligación de juramento o promesa respecto de los cargos electos, no se recoge en los mismos términos en el Estatuto regional.
Ante esta circunstancia, según explicó, la Abogacía del Estado, "que es muy rigurosa", ha considerado que "en este punto y debido a los precedentes y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional" el recurso no sería estimado por un tribunal ordinario, informa EFE.