La plataforma de Mas y Junqueras, Junts pel Sí, ha cedido otra vez a las presiones de los diez diputados de la CUP, la formación menos votada en las pasadas elecciones autonómicas del 27-S. Carme Forcadell, la presidenta de la cámara regional se mantiene en sus trece de celebrar este martes la reunión de la Junta de Portavoces de la XI legislatura autonómica. Será la primera vez desde la restauración de la Generalidad que no haya representantes de todos los grupos en ese órgano parlamentario, circunstancia contraria al reglamento de la propia cámara.
Mas tiene prisa por satisfacer a la CUP, que exige que la "propuesta de resolución" que proclama la república catalana e insta a desobedecer a los tribunales y al "empoderamiento ciudadano" sea votada en sesión extraordinaria antes y al margen del debate de investidura. Según las normas del parlamento regional, el Partido Popular tiene hasta las diez y media de la mañana del próximo viernes, día 6, para constituirse en grupo y nombrar presidente y portavoz. El plazo legal no implica que el debate de investidura no pueda celebrarse el lunes día 9 (primer aniversario de la asonada en forma de referéndum), pero sí que impide la celebración de una sesión extraordinaria previa para aprobar la moción separatista antes de ese pleno.
Sesiones diferenciadas y plazos amplios
Junts pel Sí y los batasunos catalanes habían llegado a un acuerdo para votar la proclama el lunes 9 por la mañana y dedicar la tarde a escuchar los argumentos de Mas para ser investido presidente republicano. Pero los antisistema no querían una sesión continua, sino un "acto de soberanía" diferenciado.Y para eso es imprescindible saltarse las propias reglas del Parlament, una ilegalidad flagrante que reduce la cámara a una reunión de escalera. Es la "marca CUP", el peaje impuesto para mantenerse en la mesa de negociaciones, aunque sea para reiterar que no votarán a Mas.
La fecha límite para elegir presidente de la Generalidad es el 9 de enero y hasta entonces, alegan los negociadores de la CUP, queda mucho tiempo. Lo que es irreversible, según los plazos legales, es que la sesión de investidura, que no la votación, tenga lugar el lunes 9 de noviembre.
Vulnerar las propias normas de la cámara está en la "lógica" de la propuesta de resolución, que declara a la mayoría separatista del Parlament única fuente de "legitimidad" y "legalidad" en Cataluña. La ley es lo que dicten Junts pel Sí y la CUP. Y si la ley es eso, el reglamento del hemiciclo no tiene ninguna validez, un mero obstáculo formal en el que Carme Forcadell no se va a detener. Alega la presidenta del parlamento autonómico que se deben resolver los recursos de los partidos contrarios al separatismo a la admisión a trámite de la declaración de independencia y que el plazo para ello acaba este martes. Y pretende solventar la papeleta jurídica instando al PP a nombrar un portavoz provisional.
Primer acuerdo del "tripartito" constitucional
La obscenidad de la maniobra es de tal calado que hasta el PSC y Catalunya Sí que es Pot (CSP) -es decir, los podemitas en Cataluña- se han sumado a las tesis de Ciudadanos y del PP. La Junta de Portavoces convocada por Forcadell no tiene ninguna validez y en ese sentido se han pronunciado y recurrido ante la propia cámara el partido liderado en Cataluña por Inés Arrimadas, el PP de Xavier García Albiol, el PSC de Iceta, y los de Podemos de Franco Rabell, que en cambio prestaron cinco de sus seis votos para nombrar a Forcadell presidenta de la cámara.
La maniobra de Forcadell ha sido denunciada por todos los partidos de la oposición. El PP ha anunciado que no asistirá. Ciudadanos estará presente para denunciar la invalidez de la junta, igual que el PSC y los podemitas. El acuerdo entre C's, PP y el PSC es explícito mientras que los de Franco Rabell acusan a la presidenta Forcadell de autoritarismo y vulneración de las más elementales reglas democráticas.
En pleno asalto al Parlament por parte de la plataforma de Mas y Junqueras y la extrema izquierda separatista continúan las negociaciones sobre el papel del president en funciones en la "implementación" del estado catalán independiente. La novedad es la noche de los cuchillos largos en Convergencia. Francesc Homs, hasta hace un par de meses mano derecha de Mas, ha reconocido que preguntó uno a uno a todos los consejeros quién filtró las discrepancias en el seno del ejecutivo catalán respecto a la proclama independentista. La mitad de los doce consejeros de Mas se mostró en contra, a lo que el president amenazó con volver a convocar elecciones.
Purga en Convergencia
En el comité ejecutivo de Convergencia, celebrado el lunes, nadie se mostró contrario a la resolución separatista, según la versión oficial, pero Mas pierde apoyos incluso entre sus fieles, alarmados por la deriva aún más radical de su líder. Nadie se reconoce autor de la filtración ni contrario en público a la estrategia del president. Homs y el número dos del partido, Josep Rull, han amenazado con tomar medidas, tales como el cese de quien filtrara la tensa reunión del gobierno catalán.
Tanto Junts pel Sí como la CUP acusan al PP de "filibusterismo" parlamentario por ceñirse a la legalidad. Así definieron los número uno de cada grupo la actitud del PP. Romeva y Antonio Baños coincidían en el argumentario, una muestra de la sintonía que no acaba de cuajar en el caso de Artur Mas. Inés Arrimadas, la jefa de la oposición, advirtió de que consideran nula la Junta y el popular Albiol se mostró retador: "Si ella (Forcadell) es chula, nosotros más". Por parte del PSC fue Carme Chacón y no su líder regional Iceta, quien asumió el protagonismo del partido y coincidió con Arrimadas: la Junta de Portavoces no vale y es un atropello.