El Gobierno dice que sí o sí sacará adelante la reforma del TC

El Gobierno asegura que, pase lo que pase, aprobará la reforma del Tribunal Constitucional antes de que finalice la presente legislatura. Bajo la premisa de que "es muy difícil explicar por qué alguien está en contra de que las sentencias de los tribunales se cumplan", fuentes de la Moncloa adelantaron que la medida saldrá adelante aunque sólo cuente con los votos positivos de los diputados del PP. "Es bueno", arguyó Soraya Sáenz de Santamaría, "que nadie tenga la intranquilidad" de que se desoyen los dictamines del Alto Tribunal.

Así, un día después del inesperado giro gubernamental y con la oposición criticando la medida, la vicepresidenta comparecía ante los medios de comunicación a última hora de la tarde. Una rueda de prensa, en principio, para valorar los encuentros de Mariano Rajoy con los mandatarios de Baleares, Murcia y Canarias, pero en la que Santamaría quería lanzar dos mensajes. Uno, que Artur Mas tiene que dar explicaciones por el escándalo del 3% "y no buscar culpables fuera". Y dos, que los partidos deberían "reflexionar" de cara al debate sobre la reforma del TC.

La vicepresidenta fue especialmente crítica con el PSOE, partido al que recordó que "en el mes de agosto" del año 2011 se aprobó una reforma de la Constitución y "no hubo ningún problema". En otro compás, también destacó que "el PSOE ha sido de los mejores clientes del Constitucional" y, como tal, seguro que "le gustaría que el Gobierno cumpla sus sentencias".

En todo caso, Santamaría dejó la puerta abierta a aportaciones de las distintas formaciones parlamentarias. Aún más, públicamente, se limitó a enfatizar que la proposición "se ha presentado para poder debatirla" en las Cortes. Si bien, a renglón seguido, la Moncloa insistió en que saldrá adelante, con o sin apoyos -la Moncloa da por descontado que UPN se sumará al plan-. "El Constitucional es el garante de los derechos de los ciudadanos" pero "si sus resoluciones no se cumplen, en nada queda esos derechos", se reafirmó la portavoz del Ejecutivo.

Por su parte, durante toda la jornada, ministros, barones autonómicos del PP y miembros de la dirección se afanaron en defender la medida, con la que Rajoy delega en el Constitucional la responsabilidad de frenar a Mas. "Seguro que se aprueba", insistieron fuentes de la cúpula, calificándola de "legítima, oportuna y necesaria" pese a la inminencia de las elecciones catalanas y generales. La propia vicepresidenta atendió a los medios de comunicación en dos ocasiones para contestar preguntas sobre la cuestión.