El cabeza de lista de Junts pel Sí, Raül Romeva, ha asegurado que el castellano seguirá siendo oficial en una eventual Cataluña independiente, en la que en todo caso sería el catalán el que "mejoraría" su situación actual. Además, Romeva ha asegurado que "no se obligaría a nadie a renunciar" a la nacionalidad española.
En declaraciones a Efe, Romeva ha rechazado los "discursos del miedo" en este sentido y señalado que es "muy importante explicar" que cambiar el estatus jurídico de Cataluña con una secesión "no supondría prácticamente nada" a nivel "personal" y "práctico".
"Normalizar"
Así, preguntado sobre si el castellano seguiría siendo oficial en caso de independencia, Romeva ha respondido que "es impensable otra cosa que no sea normalizar lo que es una lengua normal".
"Es evidente que nadie debe temer en ningún caso por la condición de castellanohablante. Eso sí, es evidente también que el catalán, como lengua, pasaría a ser la lengua oficial y tendría una normalidad que por desgracia, incapacidad o incomprensión por parte de muchos actores, no tiene ahora", ha señalado.
Romeva ha recordado que el "problema" no existe ahora con el castellano, sino con el catalán, que a pesar de tener rango de lengua oficial en Cataluña junto al castellano, "hoy no es una lengua de ámbito normal y universal en todos los sectores".
El catalán, "oficial y obligatorio"
"Eso cambiaría, porque obviamente en todos los ámbitos de la administración el catalán sí sería una lengua oficial y obligatoria en las instituciones, algo que ahora no pasa. Eso debería ser normal hoy y, si lo fuera, seguramente no estaríamos en la situación que estamos", ha lamentado.
El número uno de Junts pel Sí ha recalcado que la cuestión de las lenguas "no debe preocupar a nadie", sino que simplemente se "mejoraría la condición del catalán", pero "a nadie se le obligaría a cambiar la lengua, sería impensable", ha insistido.
Del mismo modo, en alusión a la cuestión de la ciudadanía, ha sido contundente: "Si usted quiere seguir siendo español viviendo en Cataluña, o incluso si me apuras seguir estando vinculado al régimen fiscal o las pensiones a nivel del Estado español, lo podría seguir haciendo".
El exeurodiputado de ICV ha relatado que "a nadie se le obligará ni a asumir la nacionalidad catalana ni a hacer cosas que desde el punto de vista de situaciones adquiridas socialmente haya adquirido en el caso español".
"Uno podrá seguir siendo español viviendo en Barcelona, e incluso seguidor de la Roja, si quiere, como hoy tenemos mucha gente que es francesa, británica u holandesa, que vive en Barcelona y sigue manteniendo su nacionalidad de su estado de origen", ha dicho.
Romeva ha reiterado así que "nadie que quiera conservar su nacionalidad española la va a perder" y "la diferencia en todo caso será que, como aquí tendremos una situación mejor que la que tenemos ahora, los servicios que podrás proporcionarles serán mejores".
"Y eso", ha proseguido, "hará que una persona, sin renunciar a su nacionalidad ni a su lengua, podrá disfrutar de una situación, un estatus y unos servicios mucho mejores que los de hoy".
El candidato ha lamentado no obstante que "a mucha gente se le está haciendo creer lo contrario para dar un miedo que no está basado y justificado. La tranquilidad -ha dicho- debe ser total y absoluta, nadie tiene que tener ningún tipo de temor".
Sin ejército
Por último, sobre si una Cataluña independiente debería tener ejército, ha afirmado que, siempre en su opinión personal, "no tiene ningún sentido ni lógica que un estado del siglo XXI tenga ejército propio" y se debe "repensar" el concepto de defensa y seguridad.
Pero ha matizado que esa decisión debería en todo caso tomarse en un proceso constituyente "abierto a todo el mundo", si tras el 27S ganaran las fuerzas independentistas, para que esa nueva carta magna pueda ser un "trabajo ejemplar y único a escala mundial".
De hecho, Romeva se ha mostrado convencido de que esa hipotética constitución catalana "moderna y del siglo XXI para resolver problemas del siglo XXI" incluso podría, como "efecto colateral", ser un "incentivo" para que "en la revisión de la Constitución española se puedan hacer reformas estructurales que son necesarias".