El PSOE quiere que la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas paguen el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de aquellas propiedades que tengan "una finalidad o uso industrial, residencial o lucrativo". Los socialistas han recogido esta medida en el programa marco con el que concurrirán a las elecciones municipales convocadas el 24 de mayo.
No especifica el PSOE si los centros de culto de la Iglesia y de las otras religiones deben pagar el IBI, si bien subraya que deberán tributar "aquellos bienes que tengan una finalidad o uso industrial, residencial o lucrativo, toda vez que reciben el mismo tipo de servicios que el resto de vecinos".
El PSOE considera justificado que la Iglesia pague este impuesto de competencia municipal puesto que es algo que hace "el resto de ciudadanos", según se señala en el programa marco y recoge la agencia Efe.
En contra de los acuerdos con el Vaticano
El Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede, en vigor desde 1979, establece la exención "total y permanente de la contribución territorial urbana" de las iglesias, las residencias de los obispos y sacerdotes, las oficinas parroquiales, los seminarios y los conventos.
El pleno del Tribunal Constitucional rechazó en diciembre de 2013 la medida adoptada por el Parlamento de Navarra de cobrar el IBI a los inmuebles de la Iglesia Católica y del resto de confesiones, excepto a los de culto.
Esta propuesta electoral del PSOE se encuadra en el apartado de "Regeneración democrática y ética política", del programa marco. Además, también en materia religiosa, los socialistas se comprometen en los municipios donde salga con las alcaldías a "respetar y defender al máximo el principio de laicidad y de neutralidad confesional en el ámbito público e institucional". Una postura que no afectará a "la participación de los alcaldes y concejales en fiestas y tradiciones de arraigo popular o valor cultural".
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció el pasado 5 de marzo de que llevará en el programa de las próximas elecciones generales la revisión del Concordato entre España y el Vaticano y la aprobación de una ley de libertad religiosa.
El Concordato se renovó en 1979 con la firma del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede en 1979 para regular asuntos como los económicos o los de enseñanza.