Isabel Gallego es una pieza clave en la vida política de la Comunidad de Madrid. En el Gobierno autonómico, y también en el Partido Popular. Siempre a la sombra de Esperanza Aguirre, su trabajo es reconocido prácticamente por todos, incluso por sus adversarios políticos. Cuando Ignacio González se convirtió en presidente, ella continuó al frente de la Dirección de Medios del Gobierno regional para reforzar su imagen y gestión -con él fue, precisamente, con quien dio el salto a la Puerta del Sol-. Pero nunca rompió el vínculo con Aguirre.
Una vez ésta fue elegida candidata al ayuntamiento de la capital, Gallego también se encargó del departamento de comunicación de la campaña. La compenetración entre ambas es total: "Hablan muy claro entre ellas y saben lo que tienen que hacer", en voz de un interlocutor directo. Y de ahí que los cimientos de la sede del PP madrileño -también es Génova13- temblaran al leer en los medios que Gallego era citada a declarar por unos contratos presuntamente relacionados con la operación púnica.
La propia Gallego, que siempre ha llevado por bandera que es mejor dar la cara ante los medios que optar por el silencio -algo que también caracteriza a su jefa política-, confirmó a la agencia Efe que acudió a declarar a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, pero negó que su comparecencia tuviera "nada que ver" con la trama Púnica.
Los contratos que se investigan "son correctos y están en orden", en palabras de Gallego. En concreto, se trata de unos acuerdos que firmó el Ejecutivo madrileño con una empresa de Alejando de Pedro -imputado en la operación Púnica-, que se encarga de estudios de análisis en el ámbito digital y de reputación en Internet. "En ningún caso los contratos son para la reputación personal de nadie", destacó la directora de Medios de la Comunidad. "Lo hemos explicado en diversas ocasiones", lamentaron desde su entorno.
Gallego se acogió a su derecho a no declarar, ya que tendrá que hacerlo ante el juez, quien le ha citado para el mes de abril en calidad de imputada. "Estoy muy tranquila", precisó a Efe mientras el Partido Popular le transmitía su respaldo. A través de un comunicado, Esperanza Aguirre defendió su "honestidad" y "profesionalidad" y, en palabras de Iñigo Henríquez de Luna -el director de la campaña-, se destacó que los contratos de seguimiento online son "plenamente legales".
Así, según las fuentes consultadas, Aguirre mantiene confianza plena en Gallego, con la que ha estado en permanente contacto. "Todo está claro y dicho, lo que no se entiende es la repercusión mediática cuando esto ya se conocía y, menos, algunos movimientos internos", según un miembro de la dirección regional, en conversación informal.
Henríquez de Luna puso encima de la mesa la "trayectoria acreditada" de Gallego como periodista -trabajó en el diario ABC- y experta en comunicación política. En los círculos políticos y periodísticos, todo el mundo sabe de ella. Para el director de campaña de Aguirre, los contratos son "plenamente legales" y fueron debidamente fiscalizados por los servicios jurídicos y la intervención general de la Comunidad de Madrid.
El contrato en cuestión se ajustó "siempre" al servicio de mercado, según el equipo de Gallego. En concreto, se trató de un acuerdo "menor" por importe de 1.500 euros más IVA al mes. Según el PP de Madrid, el seguimiento de noticias online o clipping es un servicio "habitual y absolutamente legal, que en la era de las nuevas tecnologías contratan todas las administraciones públicas y empresas privadas de España como herramientas el trabajo".