La Comunidad de Madrid ha respondido en sólo unas pocas horas a la información de el diario El País en la que implicaba a varios altos cargos de la administración regional –y sobre todo al consejero Salvador Victoria- en la trama de la red Púnica.
Según el diario de Prisa las sospechas nacen de una factura de 10.000 euros "para mejorar la imagen en las redes sociales e Internet de diferentes cargos del Gobierno de Madrid". Desde la administración regional se señala en el comunicado que el periódico "ni siquiera se molestó en pedir" los contratos en cuestión "para contrastar" su información y que el verdadero objeto de estos "como ya han publicado otros medios", es el seguimiento de informaciones on line y servicios de clipping de noticias "de la Comunidad de Madrid y de su presidente", un servicio habitual contratado por organismos públicos, empresas y otros tipos de instituciones.
La noticia se ha publicado en El País con un titular en la primera edición en el que señalaba que "la red Púnica cobró por promocionar al presidente de Madrid", mientras que en el momento de redactar esta noticia el título de la noticia ataca directamente a Salvador Victoria: "La trama Púnica salpica al 'número dos' de la Comunidad de Madrid".
Desmentido de Victoria
El propio Salvador Victoria ha comparecido ante los medios de comunicación desmintiendo "tajantemente" todos los extremos de la información. En primer lugar ha asegurado que "no existen ningún contrato que esté destinado a cuidar la imagen de la Comunidad de Madrid y mucho menos del Presidente o por supuesto de la mía".
Victoria ha explicado que el objeto de los contratos mencionados era "el seguimiento de las noticias que afectan a la Comunidad de Madrid" tanto en medios on line como en redes sociales, una figura "habitual" en administraciones como en empresas e instituciones.
Se trata por tanto de "una relación contractual que no tiene nada que ocultar" en la que los pagos, que son de unos 1.500 € al mes, "tienen un soporte documental formal y están fiscalizados e intervenidos". Victoria ha reconocido, que "es cierto que a partir del pasado mes de mayo se dejan de abonar por razones ajenas a la consejería de Presidencia, por cuestiones de tesorería" y que la propia empresa ha reclamado el pago en distintas ocasiones, "incluso en una ocasión se me reclamó a mí".
Sin embargo, ha ocurrido algo bien distinto: "Soy yo personalmente el que da la orden el pasado mes de noviembre de que, una vez que se conoce la Operación Púnica, las facturas no fueran abonadas".
Victoria ha calificado la información, en la que se insinúa que dichas facturas las ha pagado la compañía Indra, como "ridícula" al decir "que unas deudas de una administración regional sean abonadas por un tercero", más aún cuando "esas deudas siguen existiendo y siguen siendo objeto de reclamación". Además, ha señalado que no se aporta "ningún documento ni ningún entrecomillado"