El Gobierno endurece su discurso contra Mas pero le sigue auxiliando económicamente

En lo esencial, el Gobierno mantiene su estrategia ante el desafío planteado por Artur Mas y sus socios. Si bien, el discurso se endurece como pocas veces antes: "cuando un gobernante, no sólo una vez, es incapaz de agostar su mandato y permanentemente recurre a este sistema es porque es incapaz de gobernar", subrayó la vicepresidenta escenificando enfado. Los cauces de comunicación están prácticamente rotos: de nuevo, Mariano Rajoy tuvo que saber de los planes de Mas por los medios de comunicación.

Los portavoces del Ejecutivo rezuman frustración y cabreo. Creen que Mas trata de ganar tiempo a costa de los catalanes y, de paso, esconde su "fracaso" como gobernante autonómico. "Es inédito anunciar unas elecciones con ocho meses de antelación. Largo me lo fiáis", afirmó Soraya Sáenz de Santamaría al término del Consejo de Ministros. Con los comicios, insistió, Mas quiere "tapar la inoperancia con la que gestiona" Cataluña.

Pese a la firmeza del discurso, la táctica gubernamental seguirá siendo la misma. "El Gobierno va actuar como ha hecho siempre", resumió la vicepresidenta preguntada por las actuaciones ilícitas con las que ya amaga Mas, como una Hacienda propia. Así, todas las medidas que "excedan" del marco de competencias de la Generalidad serán "recurridas" ante el Tribunal Constitucional. Se le preguntó si prohibirán los comicios por fraude de ley si son "plebiscitarias", pero Santamaría rehusó dar una respuesta concreta.

"Cuando uno desiste de ejercerlas porque convoca unas elecciones a ocho meses vistas, no se puede entender cómo puede pretender mucho más", tiró de ironía la portavoz, que -pese a ello- anunció que se le seguirá auxiliando económicamente. Según dijo, "los catalanes no tienen por qué ver reducido su nivel de servicios públicos o no cobrar sus facturas porque la comunidad no pueda financiarse". Y volvió a meterse con Mas y su "nula actividad" en aras de la recuperación económicas.

El compromiso de Rajoy es "garantizar los servicios públicos esenciales de los españoles, incluidos los catalanes", en palabras de la vicepresidenta. A su lado, Fátima Báñez, la ministra de Empleo y Seguridad Social, puso un ejemplo: "gracias a la solidaridad del resto de los españoles, los catalanes reciben puntualmente sus pensiones porque el déficit anualmente es de mas de 3.000 millones de euros".