Con el título "Política para un nuevo pacto", Pedro Sánchez ha publicado este lunes un artículo en El País en el que trata de aclarar, aunque sin un éxito completo, las razones que hacen a su partido pedir una reforma de la Constitución en un sentido federal, así como los contenidos principales de ésta.
El artículo arranca pagando lo que parece un peaje obligado: citar a Azaña, pese a que de hecho la cita no logra tener demasiado sentido dentro del relato. A partir de ahí Sánchez opta por señalar lo obvio: la importancia del problema catalán, al que califica de "esencial" y "formidable" porque "afecta a la integridad misma del Estado".
El socialista aclara por si quedan dudas que "lo que hoy se está planteando por algunos es la ruptura del Estado y eso altera la idea misma de lo que es España". Un proceso, además, "lleno de juegos de palabras para aparentar que respetaban la legalidad cuando buscaban suplantarla".
Más de acuerdo con Rajoy que con el PSC
Lo más llamativo del texto es, probablemente, el choque claro entre las posturas que defiende Sánchez en su artículo y las que está votando la franquicia del PSOE en Cataluña, el PSC.
Así, Sánchez explica que el "Partido Socialista (…) comparte la posición del Gobierno que incluye la impugnación de la ley de consultas y la convocatoria" que realizará Mas esta semana. Sin embargo, como es bien sabido, el PSC dio sus votos este viernes a la Ley de Consultas en el parlamento de Cataluña.
El líder del PSOE destaca también que "todos sabemos, incluidos los promotores de la iniciativa, que el proceso en que se han metido no cabe en la Constitución porque viola la soberanía que, en forma indivisible, corresponde al conjunto de los españoles". De nuevo esto contrasta con la posición oficial del PSC, que apuesta por una "consulta legal" y con otras preguntas.
Atendiendo a los "sentimientos"
Una vez queda clara la ilegalidad del desafío de Mas, Sánchez explica que después de hacerle frente habrá que enfrentarse también a los "sentimientos nuevos" que surgirán en Cataluña: "Frustración, enojo, desánimo, resistencia (…)", sentimientos que, como si el Gobierno fuese un consultorio, tenemos la obligación de "conocerlos y atenderlos".
Y esa atención debe servir también para corregir las "disfunciones, insuficiencias y obsolescencias del sistema político" actual, dando respuesta "a nuestros problemas esenciales, incluida la articulación de Cataluña" en una reforma pactada de la Constitución.
Una reforma porque el PSOE "no concibe ni quiere" que Cataluña abandone España, pero tampoco que siga siendo parte de nuestro país "con una sensación de incomodidad, de incomprensión, de insatisfacción".
Así, esta reforma debería incluir una "perspectiva federal" y cumplir determinados requisitos como asignar "claramente competencias", asegurar "una financiación previsible y suficiente" y reformar "profundamente la composición y las funciones del Senado". Una reforma que ataría por el rabo la mosca de reconocer "las singularidades de algunas comunidades" y, al mismo tiempo garantizar, "iguales derechos a los ciudadanos".
Además, la reforma constitucional debería dar "un impulso nuevo a nuestra democracia" y "actualizar el catálogo de derechos y libertades" en una línea claramente de izquierdas con asuntos como "reconocer las nuevas formas de familia", suprimir "definitivamente" la pena capital, "hacer de la protección de la salud un derecho real y efectivo" o "tutelar en serio el derecho al trabajo y a la vivienda". En definitiva, y como suele ser habitual, el PSOE ve el "consenso" como que se cumplan su programa y sus principios de cabo a rabo.