El viaje oficial del presidente a China -el martes por la noche coge un avión rumbo a Shanghai y no regresará a Madrid hasta el sábado 27- no altera "en absoluto" la respuesta ya preparada del Gobierno al desafío separatista. Los servicios jurídicos del Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, no podrán ponerse en marcha y presentar los recursos hasta que la ley de consultas y la convocatoria del referéndum sean publicados en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC). Y Artur Mas está retrasando este paso descuadrando los planes del Ejecutivo.
En todo caso, nada cambia. Una vez Mas consume la amenaza, el Gobierno articulará una estrategia que el viernes pasado se concretó definitivamente en el Consejo de Ministros. Lo primero: el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, (o el propio presidente) elevará una consulta al Consejo de Estado, que se reunirá de urgencia y presentará un informe. Cabe destacar que este órgano lo dirige José Manuel Romay Beccaría, de la total confianza de Rajoy -hasta el punto de que le hizo tesorero del PP una vez estalló el caso Bárcenas-.
Romay Beccaría ya tiene el documento prácticamente listo por lo que el trámite no debería de durar más de un día. Una vez esté redactado, se remitirá al departamento de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyo titular será el encargado de llevarlo a la mesa del Consejo de Ministros. Será entonces cuando se convoque el gabinete de forma extraordinaria. Si Rajoy ya está en China, la vicepresidenta será la encargada de presidirlo "como ha ocurrido en otras ocasiones". Si tal extremo se produce, Soraya Sáenz de Santamaría "asume las funciones del presidente a todos los efectos".
En el Consejo de Ministros se cumplirán con los formalismos, con Sáenz de Santamaría o Rajoy. Es decir, los distintos miembros del gabinete darán su opinión sobre la amenaza planteada por Mas. Tras ello, se encomendará a la Abogacía del Estado que redacte el recurso de inconstitucionalidad que se presentará ante el Tribunal Constitucional solicitando la impugnación de ambas iniciativas a medida que se publiquen por la Generalidad en el DOGC. Para este trámite no es obligatoria, en ningún caso, la presencia de Rajoy.
Según fuentes del tribunal de garantías, en principio el Constitucional tratará este asunto en algunos de los plenos ordinarios que celebran en este órgano los martes, miércoles y jueves de cada semana. Cabría la posibilidad de que el recurso de la Abogacía se estudiará en una sesión extraordinaria convocada por el presidente del TC Francisco Pérez de los Cobos, pero parece la opción menos probable.
Sólo si el gobierno de Artur Mas desoye la decisión que adopte el tribunal de garantías -que probablemente suspenderá la ley de consultas- entraría en acción la Fiscalía. El Ministerio Público podría presentar una querella contra Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde está aforado, previsiblemente por delitos de desobediencia o sedición.
No obstante, tal y como hicieron saber este jueves el fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce y la cúpula de la Fiscalía catalana, el Ministerio Fiscal está convencido de que se cumplirá la legalidad ya que el ordenamiento legal será respetado por "todas las instancias", tanto en los preceptos legales emanados de la Constitución como los eventuales pronunciamientos de los tribunales.
En otras palabras, "todo está previsto" y "no habrá sorpresas" pese a la demora de Mas. "Puede hacer lo que quiera: nosotros, tranquilidad absoluta porque sabemos lo que tenemos que hacer", en voz de un portavoz oficial. Todos los escenarios se han barajado y tienen respuesta, se asegura. Rajoy espera que Mas cumpla la palabra dada en el último despacho que celebraron y no haga nada ilegal. En caso contrario, el Ejecutivo promete que hará acatar la ley y la Constitución.